La crisis institucional de la Obra Asistencial Mutual para Agentes Municipales (OAM) de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo con la renuncia de su tesorero, ocurrida pocas horas después de que un grupo de asociados presentara un requerimiento formal dirigido a la Junta Fiscalizadora para exigir información sobre la situación económica de la entidad y el convenio de gerenciamiento firmado con ROISA S.A.

En la presentación, los asociados solicitaron documentación vinculada al contrato celebrado el 19 de febrero de 2026, además de informes sobre la situación financiera de la mutual, las condiciones en que fue negociado el acuerdo, las actas que autorizaron su firma, auditorías internas y externas, deudas con prestadores, evolución del padrón de asociados, pagos realizados, despidos de personal y distintas actuaciones administrativas relacionadas con la gestión.

Uno de los puntos centrales del planteo apunta a la naturaleza del convenio firmado con ROISA. Mientras desde la conducción de la mutual se sostuvo públicamente que la empresa constituye "un prestador más", el propio contrato incorpora la expresión "contrato de gerenciamiento de prestación de servicios médico-asistenciales", definición que los asociados consideran relevante al momento de analizar el verdadero alcance jurídico del acuerdo y las obligaciones estatutarias que podrían derivarse de esa figura.

En el escrito también se solicita que la Junta Fiscalizadora explique por qué no se convocó a una Asamblea Extraordinaria para tratar el convenio, pese a que, según sostienen los firmantes, el estatuto de la mutual exigiría ese procedimiento para aprobar aspectos como el comodato del inmueble sede, el gerenciamiento del área de salud y otras cláusulas incluidas en el contrato.

Además, los asociados requirieron que se informe si existieron auditorías sobre el convenio, la composición de la comisión de fiscalización prevista en el acuerdo, la remisión de documentación al INAES y a la Superintendencia de Servicios de Salud, así como el acceso a los anexos y eventuales adendas incorporadas posteriormente.

La presentación fija un plazo de dos días hábiles para responder cada uno de los requerimientos y advierte que, en caso de silencio o respuestas insuficientes, impulsarán acciones judiciales y administrativas. En ese contexto, también adelantaron que solicitarán formalmente la intervención del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), al considerar que la situación institucional de la mutual requiere la actuación del organismo de control.