La causa por el fentanilo contaminado sigue escalando y ya se convirtió en uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años en la Argentina. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, amplió los procesamientos contra los responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo al considerar acreditadas 70 nuevas muertes y 44 lesiones, que se suman a los 20 fallecimientos incluidos en la primera resolución judicial.

De esta manera, la investigación ya vincula el caso con al menos 90 muertes y 44 personas lesionadas, aunque desde el propio juzgado advierten que la cifra real podría ser superior debido a que continúan identificándose posibles víctimas.

El foco de la pesquisa ya no está únicamente en los laboratorios donde se produjo el medicamento contaminado. Ahora la Justicia busca determinar qué responsabilidad tuvieron los organismos encargados de controlar la elaboración y circulación del fentanilo, entre ellos la ANMAT, el INAME y el propio Ministerio de Salud de la Nación, del que dependen esos organismos.

Uno de los puntos que analizan los investigadores es el tiempo transcurrido entre las primeras alertas y la decisión de retirar el producto del mercado. Según consta en el expediente, el Hospital Italiano de La Plata advirtió sobre la presencia de bacterias en ampollas de fentanilo y notificó la situación el 2 de mayo de 2025, mientras que la prohibición oficial del lote contaminado se produjo recién el 15 de mayo.

Para Kreplak, durante la producción del medicamento existieron graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, lo que permitió que el fentanilo fuera contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, detectadas posteriormente en numerosos pacientes internados.

La Justicia sostiene que los lotes contaminados fueron elaborados en Laboratorios Ramallo, perteneciente al grupo empresario encabezado por Ariel García Furfaro, considerado por el magistrado como el principal responsable del conglomerado empresarial. Junto a él fueron procesadas otras doce personas vinculadas a la producción, control de calidad y liberación comercial del medicamento.

Durante la investigación se determinó que el lote contaminado circuló por 52 establecimientos sanitarios de cinco jurisdicciones del país. A partir de la reconstrucción de esa trazabilidad, el juzgado analizó más de 10.500 pacientes que recibieron fentanilo durante el período bajo sospecha.

El expediente también expuso serias irregularidades internas dentro de los laboratorios. Entre ellas, la Justicia detectó documentación confeccionada de manera retroactiva, registros alterados y controles de calidad que no reflejaban las condiciones reales de producción, situaciones que para el magistrado permitieron la circulación de medicamentos potencialmente peligrosos.

Mientras la Cámara Federal de La Plata revisa los procesamientos ya dictados, la investigación avanza ahora sobre la cadena de control estatal. En ese contexto, la actuación de la ANMAT, el INAME y la conducción del Ministerio de Salud quedó bajo observación judicial para determinar si existieron responsabilidades en la falta de detección temprana de una tragedia que ya dejó cerca de un centenar de víctimas.