La tensión entre el Gobierno nacional y los profesionales de las leyes alcanzó su punto máximo de cara a las próximas elecciones del Consejo de la Magistratura, programadas para el 20 de octubre de 2026. El malestar generalizado en la profesión se profundizó tras las declaraciones del presidemente de la Nación, Javier Milei, quien calificó públicamente como “caranchos laborales” a los abogados que ejercen en el fuero del trabajo, una expresión fuertemente repudiada por diversos sectores del ámbito judicial.

Desde la Caja de la Abogacía y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, salieron al cruce de los agravios oficiales. Gil Lavedra remarcó con firmeza: “Los abogados no hacemos las leyes ni las aplicamos: las defendemos”. Las entidades profesionales denuncian que estos ataques discursivos buscan instalar la idea de una supuesta “industria del juicio” como argumento para justificar un paquete de reformas regresivas que desmantelan conquistas laborales e intentan achicar el campo de acción de la abogacía en el país.

Las reformas clave que rechaza la abogacía

El descontento no es solo discursivo, sino estructural. El bloque de abogados matriculados cuestiona de lleno las medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional tendientes a recortar su intervención e ingresos:

• Divorcio administrativo: A través de iniciativas como la denominada “Ley Hojarasca”, el oficialismo busca legalizar el divorcio exprés de mutuo acuerdo directamente ante el Registro Civil, prescindiendo de patrocinio letrado e intermediación judicial.
• Sucesiones notariales: El proyecto apunta a que los trámites sucesorios no controversiales puedan realizarse ante escribanos públicos, eludiendo el fuero civil y vaciando una fuente histórica de trabajo para los abogados.
• Abolición de la colegiación obligatoria: Se promueve la eliminación de la cuota anual y la matrícula local obligatoria, impulsando un Registro Nacional de Profesionales controlado por el Estado, lo que quitaría a los colegios el control disciplinario de sus miembros.

Ofensiva contra el fuero laboral: Las medidas oficiales avanzaron en la eliminación de multas por empleo no registrado, la reducción de las bases indemnizatorias y la imposición de topes y pagos en cuotas para los honorarios profesionales, limitando de forma directa el sustento de los litigantes.

El escenario electoral para el período 2026-2030

En medio de este clima de confrontación, un padrón de aproximadamente 184.000 abogados con matrícula federal elegirá a sus cuatro representantes titulares ante el Consejo de la Magistratura, el órgano clave encargado de la selección y disciplina de los jueces federales. La Junta Electoral oficializó cuatro listas competitivas que definirán las bancas mediante un sistema de distrito único nacional:

El gobierno del presidemente Milei ataca a los trabajadores y a los que los defienden

Desde la Caja de la Abogacía, reafirman que el derecho de defensa, la independencia profesional y el respeto por la abogacía son principios fundamentales de toda democracia. Los conflictos laborales, previsionales o civiles que atraviesan las personas que viven en el país deben abordarse con responsabilidad institucional, diálogo y conocimiento, no con descalificaciones.

Parece  una burla a los profesionales letrados, que se presente una lista La Libertad Avanza con lema: “Abogacía por la libertad- bien de tu lado” postulando al abogado Palomino, que supo ser candidato a intendente, a concejal; en las últimas elecciones a Senador y ahora, con todos los premios “de cara dura” al Consejo de la Magistratura.

No cabe dudas, que hay esperanza, como supo manifestar la Caja de abogados “La abogacía argentina continuará cumpliendo su rol con compromiso, ética y vocación de servicio, defendiendo a cada ciudadano y ciudadana frente a cualquier vulneración de derechos, porque no hay justicia sin abogados y abogadas”.

La Libertada Avanza, debutaría ante las elecciones del Consejo de la Magistratura con una gran derrota.

Será Justicia.