Una comerciante de Morón denunció presiones de funcionarios municipales y la existencia de una presunta red de connivencia con vendedores ilegales en el distrito gobernado por Lucas Ghi. El caso tomó repercusión luego de que el periodista Pedro Alejandro Ivanoff, subeditor del portal Tribuna de Periodistas, publicara una nota titulada “Morón: la Cosa Nostra del Oeste”, en la que se detallan las acusaciones.

La denunciante es Ivana Arellano, comerciante y vecina del partido, quien sostiene que desde hace años reclama al municipio por la presencia de manteros en la vía pública. Según su testimonio, estos vendedores informales ocupan veredas, interrumpen el paso peatonal y generan competencia desleal con los comercios habilitados que pagan impuestos.

De acuerdo con la denuncia, el 20 de febrero de 2026 Arellano habría recibido un llamado telefónico de Ludmila Fontana, funcionaria que se desempeña como Directora de Asesoría General de la Dirección de Comunicación Digital, área que depende de la Secretaría de Jefatura de Gabinete del municipio que controla la mano derecha del intendente Estefanía Franco. 

Según el relato de la comerciante, la funcionaria la contactó luego de enterarse de que Arellano iba a brindar una entrevista televisiva en Telefe para exponer públicamente su reclamo por la presencia de manteros en el centro de Morón. En la conversación, que habría sido grabada por la denunciante, Fontana le habría ofrecido gestionar soluciones a cambio de evitar que el conflicto se hiciera público.

Arellano sostiene que esas promesas no eran nuevas. Según explicó, lleva más de tres años reclamando sin respuestas concretas por parte del municipio respecto a la ocupación irregular del espacio público.

El episodio sumó otro capítulo cuando, según la denuncia, intervino también el secretario de Desarrollo Productivo del municipio, Santiago Muñiz, quien se comunicó por WhatsApp con la comerciante para coordinar un encuentro personal frente a su local. De acuerdo con Arellano, la reunión terminó sin soluciones concretas y solo incluyó promesas de intervención.

La situación se volvió aún más tensa al día siguiente. Según la comerciante, el 21 de febrero su local recibió una inspección municipal. Al encontrarse toda la documentación en regla, no se labró ningún acta.

Sin embargo, días más tarde su esposo recibió una citación del Tribunal de Faltas, vinculada a una supuesta infracción por el uso de cartelería comercial en la vía pública. Arellano sostiene que se trata de una medida selectiva y de carácter intimidatorio, ya que, según afirma, ese tipo de carteles es habitual en la mayoría de los comercios de la zona.

En su denuncia, la comerciante interpreta la situación como un intento de presión para desalentar sus reclamos públicos contra los manteros.

Uno de los aspectos más delicados del caso surge de la propia conversación telefónica grabada. Según Arellano, la funcionaria municipal habría mencionado que el municipio no cuenta con presupuesto aprobado, y que existirían presiones políticas vinculadas a pedidos de contratos a cambio de votos.

El episodio también tuvo repercusión política. Tras conocerse la denuncia periodística, el concejal Ariel Aguilera, del bloque Todo por Argentina, presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de Morón para que los funcionarios mencionados brinden explicaciones sobre los hechos denunciados.

En la presentación legislativa, el concejal solicitó aclaraciones sobre el accionar de las áreas municipales involucradas, la situación del comercio denunciante y las posibles irregularidades administrativas vinculadas al caso.

Desde el bloque opositor expresaron además su solidaridad con la comerciante y manifestaron preocupación por lo que calificaron como un posible uso del aparato estatal para presionar a vecinos que realizan reclamos contra la gestión municipal.

La investigación política y administrativa del caso ahora queda en manos del Concejo Deliberante y de las autoridades judiciales, mientras la denuncia abre un nuevo foco de conflicto en la política local de Morón.