El principio de acuerdo alcanzado entre la Argentina y los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas por el default de 2001, generó críticas de distintos sectores que cuestionan la estrategia del gobierno de Javier Milei frente a los litigios internacionales.

Según se informó ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambas partes notificaron a la jueza Loretta Preska que lograron un entendimiento preliminar para resolver las demandas pendientes, lo que permitiría suspender temporalmente el proceso judicial mientras avanzan las negociaciones para cerrar la conciliación.

Los fondos reclamaban sumas millonarias tras obtener sentencias favorables en la Justicia estadounidense y habían impulsado medidas para embargar activos del Estado argentino, incluyendo pedidos vinculados a la participación del país en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas.

El abogado Dennis Hranitzky, representante de los demandantes, confirmó el acercamiento entre las partes y señaló que el objetivo es alcanzar una resolución definitiva después de años de litigio. Sin embargo, los términos del acuerdo aún no fueron divulgados públicamente.

Desde sectores opositores y analistas económicos surgieron cuestionamientos sobre las posibles concesiones que podría implicar el acuerdo. Algunos especialistas advierten que el gobierno podría verse obligado a realizar pagos significativos o aceptar condiciones desfavorables para cerrar uno de los últimos frentes judiciales derivados del default de 2001.

También se plantean dudas sobre el impacto que la negociación podría tener en los activos del Estado, luego de que en el pasado los acreedores intentaran avanzar sobre bienes estratégicos como acciones de empresas públicas o reservas financieras.

Los críticos sostienen que la política económica del gobierno de Milei prioriza resolver los conflictos con los mercados y los acreedores internacionales, incluso a costa de comprometer recursos públicos o activos nacionales.

El litigio con estos fondos se remonta a la reestructuración de la deuda argentina realizada en 2005 y 2010, cuando algunos acreedores decidieron no aceptar los canjes propuestos y optaron por continuar las demandas en tribunales internacionales.

La mayoría de estos conflictos se resolvieron en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de acuerdos con gran parte de los holdouts tras el fallo del juez Thomas Griesa. Sin embargo, algunos reclamos menores continuaron en los años siguientes, entre ellos los que ahora buscan resolverse con Attestor y Bainbridge.

Analistas consideran que el entendimiento anunciado podría cerrar definitivamente uno de los capítulos más prolongados del default argentino, aunque la falta de información sobre las condiciones pactadas mantiene abierto el debate político y económico sobre sus consecuencias.