El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue formalmente imputado junto a exfuncionarios de su cartera y directivos de la falsa Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), por una serie de delitos graves en perjuicio de la administración pública. La causa, a cargo del fiscal Álvaro Garganta de la UFIJ 11 de La Plata, se enmarca en la investigación IPP-00-056058-23/00, iniciada en octubre de 2023.

Entre los delitos imputados se encuentran: fraude a la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho y exacciones ilegales. Las penas previstas por la acumulación de estos cargos hacen que la mayoría no sean excarcelables.

Según detalla el dictamen del fiscal, la estructura ilícita permitía a CECAITRA (presentada como una cámara de empresas, pero sin legitimación legal) constatar infracciones de tránsito con equipos de fotomultas sin cumplir el debido proceso, posibilitando luego el cobro de montos en negro que eran distribuidos entre funcionarios y gestores judiciales.

La connivencia entre autoridades públicas y actores privados permitió el armado de un esquema de recaudación paralela que desvió fondos que debían ingresar a las arcas provinciales y municipales.

Los implicados también están acusados de manipular el sistema SACIT (Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito), y de ofrecer “descuentos” del 50 por ciento a deudores de multas de tránsito a través de gestores, quienes se quedaban con la diferencia. A esto se suma un irregular proceso de adjudicación de concesiones para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que favoreció a empresas previamente vinculadas con Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, sociedad que habría estado controlada en las sombras por los mismos funcionarios.

El listado de imputados incluye además al exjuez de faltas Mario Quattrochi, la ex presidente del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo (quien ya cuenta con antecedentes por malversación de fondos públicos), y otros exfuncionarios como Pablo Sanguinetti, Tomás Uthurriaque, Sebastián Desio y Bernardino García, este último presidente de CECAITRA.

El expediente, que motivó en su momento la salida de D’Onofrio del Gabinete bonaerense, avanza ahora con fuerza. La gravedad de los delitos y la acumulación de pruebas complican especialmente la situación de los principales implicados, cuyas penas, de confirmarse, podrían superar los 10 años de prisión.