Judiciales y Policiales | Ayer

Causa por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia le prohibió salir del país a Manuel Adorni por riesgo de fuga

La Justicia federal prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue adoptada ante un presunto riesgo de fuga y establece que el exfuncionario deberá solicitar autorización judicial para viajar al exterior.

La resolución fue dictada por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación sobre la evolución patrimonial del exfuncionario.

De acuerdo con fuentes de la causa, la restricción constituye un paso previo a una eventual declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, que podría concretarse en los próximos días mientras continúan las medidas de prueba.

La investigación analiza distintos movimientos patrimoniales atribuidos a Adorni durante su paso por la función pública, entre ellos gastos corrientes, consumos realizados con tarjetas de crédito pertenecientes a sus secretarias, viajes dentro y fuera del país, adquisición de inmuebles, obras de remodelación en una vivienda ubicada en un barrio privado de Exaltación de la Cruz y presuntas inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas.

Uno de los elementos que impulsó el expediente fue la declaración del constructor Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo por trabajos de remodelación realizados en la propiedad del exfuncionario.

Además, la causa incorporó una serie de audios difundidos tras la renuncia de Adorni al cargo. En esas grabaciones, el exjefe de Gabinete le ofrecía asistencia al constructor antes de que este declarara ante la fiscalía, proponiéndole reunirse previamente y asegurándole que contaría con "todo el soporte" que pudiera necesitar.

Hasta el momento, Adorni no fue condenado por estos hechos y la investigación continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia reúne pruebas para determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas procesales.

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