En medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos, recortes en prestaciones y problemas de atención a jubilados, el Gobierno nacional aprobó un rescate financiero de $580.000 millones para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), financiado mediante nueva deuda pública.

La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución Conjunta 26/2026, firmada por los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman, y publicada en el Boletín Oficial.

En los considerandos, el propio Gobierno reconoció la “crítica situación financiera” que atraviesa el organismo y señaló que el objetivo del auxilio es permitir que el PAMI pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

La asistencia económica llega en un contexto de fuerte malestar entre afiliados y prestadores, quienes en las últimas semanas denunciaron interrupciones en servicios médicos, atrasos en pagos y faltantes de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados.

Para concretar el aporte, el Ministerio de Economía dispuso ampliar la emisión de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS) con vencimientos entre julio y septiembre de este año, lo que implica una nueva toma de deuda por parte del Estado nacional.

El primer tramo, equivalente al 33% del total, será cubierto con letras que vencen el 31 de julio de 2026 por más de $173.672 millones. Un segundo tramo, también del 33%, vencerá el 31 de agosto por $164.037 millones. El porcentaje restante será financiado mediante letras con vencimiento al 30 de septiembre, por más de $187.363 millones.

La normativa establece además que las letras deberán ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero, tal como exige la Ley de Presupuesto 2026.

La decisión generó nuevas críticas hacia la administración nacional, ya que mientras el Gobierno sostiene un fuerte ajuste fiscal sobre distintas áreas del Estado, debió recurrir a endeudamiento para asistir financieramente al principal organismo de cobertura médica para jubilados del país.