Una nueva hipótesis alrededor del caso de Julio “Chocolate” Rigau apunta a la posible existencia de una estrategia destinada a mantener en silencio a los involucrados y evitar que la investigación avanzara hacia responsabilidades políticas superiores. La versión plantea que los imputados habrían buscado asumir individualmente las responsabilidades y alcanzar soluciones procesales que evitaran la realización de juicios orales capaces de ampliar la causa.

Según fuentes consultadas por Diario Gran La Plata, uno de los nombres que aparecería dentro de esa presunta trama es el del senador bonaerense Adrián Santarelli, representante de la Tercera Sección Electoral, dirigente de Lomas de Zamora y sobrino del histórico dirigente peronista Osvaldo Mércuri. El legislador también mantiene vínculos políticos de larga data con los espacios de Martín Insaurralde y Federico Otermín.

Las fuentes sostienen que Santarelli habría participado de movimientos políticos vinculados al origen del caso y posteriormente habría recurrido a un integrante de la Sala 1 del Tribunal de Casación. De acuerdo con esa versión, el objetivo habría sido conseguir el contacto de un estudio jurídico que pudiera intervenir en las defensas de los denominados “chocolatosos”.

Diario Gran La Plata señala que dentro de esa hipótesis aparece el estudio Gascón Molina, encargado de la defensa de Chocolate Rigau. Las fuentes le atribuyen un posible rol central en una estrategia jurídica coordinada e incluso plantean que podría haber intervenido en la incorporación de otros abogados para sostener una misma línea defensiva.

Otro de los interrogantes está relacionado con los vínculos de algunos abogados con la propia Cámara de Diputados bonaerense. El material señala que Miguel Ángel Molina, quien también protagonizó un episodio por una alcoholemia positiva y posterior fuga, figura en registros laborales con antecedentes de aportes provenientes de la Legislatura durante períodos iniciados en 2021.

La investigación publicada por Diario Gran La Plata también menciona vínculos de la familia Gascón con la Cámara baja. Según el artículo, Gascón hijo habría sido asesor de la entonces diputada radical Sandra París y posteriormente habría desempeñado funciones dentro de Diputados, mientras que Molina, Alfredo Gascón y su padre también habrían mantenido relaciones laborales con ese organismo.

La principal incógnita que plantea esta línea pasa por determinar quién financió las defensas de los involucrados y cómo fueron seleccionados los abogados que representaron a los imputados. La hipótesis sostiene que podría haber existido una coordinación destinada a garantizar que las declaraciones no alcanzaran niveles superiores de responsabilidad.

Por el momento, Diario Gran La Plata aclara que esa presunta maniobra deberá ser respaldada por elementos judiciales concretos. Los vínculos políticos, laborales y jurídicos descriptos alimentan una línea de interrogantes, pero por sí solos no acreditan la existencia del supuesto “código de silencio” señalado por las fuentes.