Un grave escándalo sacude al Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez: la fiscal María Gabriela Urrutia, titular de la Fiscalía número 10, fue denunciada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

A la funcionaria se le atribuye un mal desempeño y desviación de poder a partir de su actuación en una serie de causas que involucran al dirigente opositor Miguel Puentes y a integrantes del oficialismo de General Rodríguez.

La presentación, fechada el 28 de septiembre, sostiene que la funcionaria judicial habría utilizado la investigación penal de manera parcial y con una finalidad política. Se trata, por ahora, de acusaciones que deberán ser analizadas por los organismos competentes.

Según el escrito difundido por los denunciantes, el conflicto habría comenzado cuando el espacio de Puentes anunció que preparaba una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Silvia Figueiras, presidenta del Concejo Deliberante de General Rodríguez y esposa del intendente.

De acuerdo con la presentación, Figueiras respondió con una denuncia por supuestas amenazas y consiguió una restricción perimetral contra el dirigente opositor. El cuestionamiento central aparece cuando, siempre según los denunciantes, a partir de una publicación genérica realizada en Facebook se habría iniciado una investigación por desobediencia, pese a que el mensaje cuestionado no habría mencionado expresamente a Figueiras.

La denuncia contra Urrutia pone el foco especialmente en ese punto: sostiene que habría sido la propia fiscal quien estableció el vínculo entre aquella publicación y la funcionaria oficialista, transformando un mensaje de contenido político en un elemento de una investigación penal. Los denunciantes cuestionan además que, para avanzar con la pesquisa, se haya solicitado información a Meta sobre direcciones IP y otros datos vinculados con la cuenta investigada.

El planteo sostiene que semejante despliegue resultaría desproporcionado para el hecho investigado y reclama que se determine si las medidas adoptadas estuvieron justificadas por elementos objetivos o si, por el contrario, terminaron convirtiendo una disputa política local en un expediente penal.

El aspecto más delicado de la presentación es el doble estándar en el tratamiento de las causas. Los denunciantes aseguran que Urrutia interviene en expedientes cruzados entre Puentes y funcionarios vinculados al oficialismo y sostienen que mientras la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Figueiras no habría avanzado con la misma velocidad, la investigación contra el opositor sí habría recibido un impulso significativo.

Esa afirmación constituye uno de los ejes de la acusación de presunta desviación de poder y deberá ser contrastada con los expedientes, las resoluciones dictadas y las razones procesales que expliquen el ritmo de cada investigación.

Desde el sector de Puentes se refieren al “lawfare local” para describir lo que consideran una utilización política de la Justicia.

Ahora, el Jury deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar sobre las graves imputaciones formuladas. Entre las medidas reclamadas se encuentra la destitución de la fiscal y, de manera cautelar, su apartamiento de cualquier expediente que involucre a Puentes, ya sea como denunciante, denunciado o abogado.

El caso plantea así una cuestión que excede la disputa entre un dirigente opositor y funcionarios municipales: la necesidad de establecer si la Justicia actuó con los mismos criterios frente a todos los protagonistas o si una investigación penal terminó siendo utilizada como herramienta dentro de una pelea política local.

La respuesta, lejos de poder resolverse mediante acusaciones cruzadas, deberá surgir de los expedientes y de una investigación institucional independiente.