La muerte de Pablo Cifuentes, el trabajador municipal que permanecía internado desde la explosión ocurrida en el Albergue Municipal de Viedma, desató una fuerte polémica política que golpea de lleno a la gestión del intendente Marcos Castro. Detrás del dolor por el fallecimiento comenzaron a surgir interrogantes que comprometen los controles internos del municipio y abren un debate sobre las responsabilidades administrativas y políticas del Ejecutivo local.

El hecho ocurrió el pasado 11 de julio, cuando una violenta explosión sacudió el edificio municipal ubicado en la Costanera Norte, donde también funciona la Escuela Municipal de Canotaje. Cifuentes estuvo internado durante más de tres semanas en grave estado en el hospital Artémides Zatti, hasta que este domingo se confirmó su fallecimiento.

Sin embargo, la investigación ya no se concentra únicamente en las causas del estallido. El dato que comenzó a generar indignación es que Cifuentes no era gasista matriculado, pese a que se encontraba realizando tareas sobre una instalación de gas, labor que, por ley, debe ser ejecutada exclusivamente por personal habilitado.

A ello se suma otro elemento que complejiza aún más la situación. Si bien Cifuentes pertenecía a la planta municipal, estaba adscripto a la Legislatura de Río Negro, por lo que también deberá establecerse por qué desarrollaba labores en un edificio dependiente del Municipio de Viedma y bajo las órdenes de quién se encontraba al momento del accidente.

Otro aspecto que genera fuertes cuestionamientos es que la intervención se llevaba adelante un domingo, fuera del horario habitual de funcionamiento de las dependencias municipales. La investigación deberá determinar quién autorizó esos trabajos, quién dio la orden de intervenir la instalación de gas y qué protocolos de seguridad se implementaron antes de comenzar una actividad considerada de alto riesgo.

Lejos de tratarse de un accidente aislado, la tragedia vuelve a poner bajo la lupa las condiciones laborales dentro del Municipio de Viedma. No es la primera vez que un empleado municipal pierde la vida mientras desempeña sus funciones, un antecedente que alimenta las críticas hacia la gestión de Marcos Castro por la falta de controles y prevención en materia de seguridad laboral.

Mientras el municipio respondió con un decreto de duelo y el cierre de las instalaciones deportivas durante una jornada, distintos sectores consideran que el homenaje resulta insuficiente frente a las numerosas preguntas que aún permanecen sin respuesta. El foco ya no está puesto únicamente en la explosión, sino también en las decisiones que permitieron que una persona sin matrícula realizara una tarea de semejante peligrosidad.

La causa judicial y las pericias técnicas serán determinantes para establecer si existieron negligencias o incumplimientos. Sin embargo, desde el plano político, la discusión ya está instalada: si el propio municipio permitió que un trabajador sin habilitación interviniera una instalación de gas y esa decisión terminó con una muerte, la responsabilidad política alcanza inevitablemente a la administración encabezada por Marcos Castro.