Abel Furlán fue desplazado después de que la Justicia tumbara los comicios de la UOM

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió anular las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y ordenó el desplazamiento inmediato de Abel Furlán de la conducción nacional del sindicato. Además, dispuso la intervención judicial del gremio por un plazo de 180 días, en medio de una fuerte disputa interna y múltiples denuncias sobre el proceso electoral realizado en marzo.

La decisión fue tomada por la Sala VIII del tribunal laboral, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, tras una presentación impulsada por la Lista Naranja de la seccional Campana. En el fallo, los magistrados declararon la nulidad tanto de las elecciones locales como de los comicios nacionales de la UOM por considerar que el Colegio Electoral “no se conformó en debida forma”.

El fallo también estableció el “cese inmediato” de las autoridades nacionales y de Campana, y sostuvo que el gremio quedó “acéfalo” desde el 22 de marzo de 2026, fecha en la que vencieron los mandatos anteriores. Como interventor fue designado Alberto Biglieri, quien deberá conducir el sindicato durante el período fijado por la Justicia.

Furlán había sido reelecto en marzo con el respaldo de representantes de 48 de las 53 seccionales del país. Sin embargo, aquella elección quedó envuelta en polémica luego de que horas antes del comicio la misma Cámara laboral ordenara suspender el proceso ante denuncias por supuestas irregularidades en la seccional Campana.

La conducción de la UOM decidió avanzar igual con la votación y aseguró que nunca había sido notificada formalmente de la resolución judicial. Aun así, el conflicto escaló en las semanas siguientes y terminó con la anulación total del proceso electoral.

En paralelo, Furlán enfrenta una investigación judicial por presunta malversación de fondos sindicales. La causa, que tramita en el juzgado de Julián Ercolini, investiga un convenio firmado entre la UOM y la empresa USEM SA, a la que se le habría otorgado el control de recursos del gremio a cambio de una comisión sobre los aportes salariales de los trabajadores metalúrgicos.

Tras conocerse el fallo, la CGT rechazó la intervención y denunció un intento de “disciplinar al gremio”. En la misma línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó contra el Gobierno nacional y sostuvo que la medida “vulnera la autonomía de las organizaciones sindicales”.