Acusan al entorno de Kicillof de integrar un supuesto esquema para apropiarse de miles de lotes

Una explosiva denuncia penal ingresó en las últimas horas en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y fue asignada por sorteo al Juzgado Federal número 7 bajo el número CFP 2160/2026. Según consta en el correo oficial enviado por la Oficina de Gestión y Capacitación, la presentación quedó formalmente registrada durante la mañana de este miércoles.

El denunciante, identificado como Héctor Daniel De Olivera, apuntó directamente contra el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el gobernador Axel Kicillof, el intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza y otros funcionarios provinciales y municipales. En el escrito también aparecen mencionados una martillera, empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense y autoridades vinculadas al área de Hábitat.

En la presentación, De Olivera sostuvo que desde hace años viene sufriendo “el robo y apropiación ilegal” de más de 30 mil lotes que asegura ser de su propiedad en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Además, afirmó que la documentación que acreditaría la titularidad de esas tierras “fue ratificada por tres juzgados federales, dos cámaras federales y revisión de la Corte Suprema”.

La denuncia enumera una larga lista de presuntos delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, defraudación al Estado, amenazas agravadas, abuso de autoridad, lavado de dinero, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, extorsión, privación ilegítima de la libertad y financiamiento ilegal de la política.

Uno de los tramos más delicados del escrito menciona presuntas maniobras vinculadas al narcotráfico y al uso de estructuras estatales para el manejo de tierras y negocios inmobiliarios. Incluso, el denunciante aseguró que existieron aprietes para obligarlo a firmar documentación privada y ceder parte de los terrenos.

De Olivera también pidió medidas urgentes de prueba. Entre ellas, solicitó ser citado para ratificar y ampliar la denuncia, incorporar documentación pública y privada, analizar contratos de venta de lotes y seguir la trazabilidad financiera de las operaciones denunciadas. Además, reclamó que se investigue el funcionamiento de organismos provinciales y municipales vinculados al registro y administración de tierras.

En paralelo, entre la documentación aportada aparece una solicitud de reserva de nombre societario realizada ante la Provincia de Buenos Aires, donde figura la intención de crear sociedades bajo denominaciones como “Banco Federal de Tierras, Garantías, Reservas e Inversiones de la República Argentina S.A.” y otras variantes similares.

La causa ahora quedó en manos del fuero federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación de las graves acusaciones formuladas en la presentación.