Política | 04/04

Crece la presión judicial y política sobre el jefe de Gabinete

Adorni, contra las cuerdas: contrató a un abogado de alto perfil mientras avanza la causa por los vuelos privados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la escena judicial tras la contratación del abogado Matías Ledesma para su defensa en la causa que investiga presuntas irregularidades en vuelos privados a Punta del Este, un expediente que sigue escalando en los tribunales federales.

Lejos de disipar las dudas, la decisión de recurrir a un letrado con trayectoria en causas de alto impacto se produce en un contexto de creciente presión judicial. El caso, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, apunta a esclarecer quién financió los viajes y si existieron beneficios indebidos para el funcionario.

En los últimos días, la causa dio un salto significativo: a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, se realizaron allanamientos para recolectar documentación clave sobre los traslados realizados durante el feriado de Carnaval junto al periodista Marcelo Grandio.

Uno de los focos más sensibles de la investigación está puesto en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró información contable, comercial y bancaria que podría resultar determinante para reconstruir el circuito financiero de los vuelos.

A esto se suma un elemento que complejiza aún más la situación: Grandio intentó desconocer el vuelo de regreso mediante una carta documento, lo que abre interrogantes sobre la transparencia de las operaciones y la veracidad de las versiones previas.

El abogado elegido por Adorni, hijo del ex juez Guillermo Ledesma —quien integró el tribunal del histórico Juicio a las Juntas—, cuenta con antecedentes en la defensa de figuras públicas en expedientes delicados. Sin embargo, su incorporación no logra despejar el foco sobre el funcionario, sino que coincide con una causa que no deja de sumar capítulos.

 

Mientras la Justicia profundiza las medidas y analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas, el caso se transforma en una carga política difícil de esquivar para el Gobierno.

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