El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa que comienza a escalar por la magnitud de las irregularidades denunciadas.

El pedido, que aún no incluye imputaciones formales, se apoya en la existencia de elementos que, según la fiscalía, justifican profundizar el análisis sobre la evolución patrimonial del funcionario. Entre las primeras medidas solicitadas figuran informes a registros de la propiedad en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, así como consultas sobre vehículos, cuentas y otros bienes a nombre de Adorni y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la presunta existencia de una propiedad no declarada en el country Indio Cuá Golf, en Exaltación de la Cruz. Según la denuncia, las expensas del lote estarían a nombre de Angeletti, lo que podría evidenciar un vínculo patrimonial omitido en las declaraciones juradas. La vivienda, de acuerdo a estimaciones del mercado, tendría un valor que supera los 140.000 dólares.

La causa se originó a partir de una presentación de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento del 500% en el patrimonio del funcionario en un solo período fiscal. Además, señaló inconsistencias entre declaraciones juradas, incluyendo la supuesta omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos.

A esto se suma la incorporación de 24.500 dólares en efectivo, cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares, una explicación que ahora será puesta bajo la lupa judicial. También se investigan viajes recientes, entre ellos uno a Nueva York en el marco de la comitiva presidencial y otro a Punta del Este en un avión privado, que ya está vinculado a otra causa en trámite.

La fiscalía pidió además acceder a registros bancarios, movimientos migratorios, participaciones societarias y el legajo completo del funcionario en la administración pública. El objetivo es reconstruir con precisión su situación patrimonial, económica y financiera desde 2022 hasta la actualidad.

Mientras tanto, el juez Lijo deberá definir si hace lugar a las medidas solicitadas. En un contexto de creciente exigencia de transparencia en la función pública, el caso suma presión sobre el entorno del Gobierno y abre interrogantes sobre los controles internos y la evolución patrimonial de sus principales funcionarios.