Una crisis en Entre Ríos expone al Colegio inmobiliario con graves acusaciones de violencia institucional y mediática

Una corredora pública inmobiliaria de Paraná formalizó una denuncia judicial por violencia institucional, simbólica y digital contra la actual conducción del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. La presentación apunta directamente contra Germán Solari (presidente), Carolina Ledesma (vicepresidenta), Alcides Cogno (vocal primero), Juan Lanzi (secretario) y Luisina Pretis (tesorera).

Según el escrito, la denunciante, ex titular de la institución, sostiene que fue víctima de un hostigamiento sistemático que se intensificó desde agosto de 2025 y se agravó tras el cambio de autoridades en enero de 2026, afectando su vida personal, su salud psicológica y su entorno familiar.

Entre los principales ejes de la denuncia aparece una presunta campaña de desprestigio mediático, que habría sido alimentada mediante la filtración de información interna del Colegio hacia distintos medios. De acuerdo a la presentación, esos datos, de carácter reservado, fueron utilizados para instalar acusaciones de corrupción y mal manejo de fondos, lo que derivó en publicaciones que impactaron directamente en su imagen pública.

El documento también denuncia el uso de canales institucionales, como correos electrónicos y grupos de difusión, para replicar versiones consideradas falsas ante los matriculados, lo que habría configurado un esquema de presión interna y descrédito profesional. Incluso, según sostiene, estas versiones se trasladaron a ámbitos nacionales del sector inmobiliario, amplificando el conflicto.

Además, cuestiona decisiones adoptadas por la conducción actual, como la desaprobación de su balance, que asegura había sido auditado sin objeciones, y maniobras para desplazarla de espacios institucionales, lo que interpreta como actos de persecución política dentro del Colegio.

Frente a este escenario, solicitó a la Justicia una serie de medidas urgentes, entre ellas el cese del hostigamiento, el derecho a réplica, la eliminación de contenidos considerados difamatorios y restricciones de acercamiento hacia uno de los denunciados.