El discurso de transparencia que el Gobierno de Javier Milei exhibe como una de sus principales banderas recibió un duro golpe luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconociera haber omitido alrededor de 500.000 dólares de sus declaraciones juradas patrimoniales.

La revelación cayó como una bomba política porque el propio funcionario había negado semanas atrás cualquier ocultamiento de bienes. Sin embargo, ahora admitió que debió rectificar sus declaraciones correspondientes a 2023, 2024 y 2025 para incorporar fondos que permanecían fuera de los registros oficiales.

“No lo declaramos”, reconoció Adorni al explicar el origen de los activos omitidos, que atribuyó a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas. También afirmó que está dispuesto a afrontar las consecuencias económicas derivadas de la irregularidad.

La confesión no solo abrió nuevos interrogantes sobre su patrimonio, sino que además alimentó las críticas hacia un Gobierno que construyó gran parte de su identidad política denunciando los privilegios, las maniobras opacas y la falta de transparencia de la denominada "casta".

El caso adquiere mayor gravedad porque Adorni no es un funcionario más dentro del gabinete. Tras desempeñarse como vocero presidencial, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Milei y en una de las caras más visibles de la administración libertaria.

La controversia se suma a una serie de cuestionamientos que vienen persiguiendo al funcionario desde hace meses. Viajes de lujo, traslados familiares, operaciones inmobiliarias y una investigación judicial en curso ya habían erosionado su imagen pública. Ahora, la admisión de fondos no declarados amenaza con profundizar la crisis.

Mientras la Justicia analiza distintas denuncias vinculadas a su patrimonio, la oposición exige explicaciones y advierte sobre una posible incompatibilidad entre el relato oficial de austeridad y las conductas reconocidas por uno de los principales integrantes del Ejecutivo.