La situación de Unión Personal (UP) y Accord Salud, la obra social y prepaga vinculadas al gremio UPCN, atraviesa un escenario cada vez más crítico. En las últimas semanas se multiplicaron denuncias de afiliados, profesionales y centros de salud por la reducción de prestaciones, la eliminación de coberturas en tratamientos crónicos, la salida de prestadores y la aparición de copagos que califican como irregulares o directamente ilegales.

El deterioro se refleja en distintas ciudades del país, donde usuarios denuncian dificultades para acceder a consultas médicas, estudios o medicamentos esenciales. También hay prestadores que comenzaron a dejar de atender afiliados por deudas acumuladas de la obra social, lo que generó interrupciones en la atención y derivaciones a otras localidades.

Uno de los reclamos más frecuentes tiene que ver con la reducción de cobertura en medicamentos para enfermedades crónicas. Guillermo, afiliado de Unión Personal en la ciudad bonaerense de Azul, relató que el tratamiento de asma de su hijo dejó de tener la cobertura del 70 por ciento que tenía hasta hace pocos meses.

“Desde hace tres años mi hijo usa medicación para el asma. Nos cubrían la mayor parte del tratamiento, pero en enero nos dijeron en la farmacia que desde diciembre se habían dado de baja los tratamientos crónicos y de diabetes. Ahora tenemos que pagar el 60 por ciento del medicamento, que cuesta más de 120 mil pesos”, explicó.

A esta situación se suma el cierre de oficinas y la digitalización obligatoria de trámites, lo que según los afiliados dificulta aún más la resolución de problemas. En varias ciudades, como Azul, las gestiones deben realizarse exclusivamente a través de una aplicación o canales de contacto que muchas veces no responden.

En ese distrito, además, centros de diagnóstico y consultorios comenzaron a cobrar adicionales de entre 10 mil y 40 mil pesos a los afiliados de Unión Personal. Desde el Círculo Médico local señalaron que la obra social se encuentra “en alerta” por demoras en los pagos a profesionales, lo que llevó a algunos prestadores a aplicar esos cobros para continuar brindando atención.

El conflicto no se limita a la provincia de Buenos Aires. En Luján, por ejemplo, se suspendió la atención médica para afiliados de Unión Personal y Accord Salud debido a deudas acumuladas con profesionales que superan los 300 millones de pesos, según informaron medios locales.

La Asociación Médica de esa ciudad confirmó que la obra social dejó de atender luego de más de tres meses sin pagos. Si bien hubo intentos de renegociar la deuda, la atención volvió a suspenderse recientemente y varios pacientes debieron ser derivados a sanatorios de otras ciudades como Zárate.

Situaciones similares se registraron en San Pedro, donde el Círculo Médico local también decidió suspender la atención a afiliados de la obra social. Su presidente, Carlos Carzino, explicó que las prestaciones realizadas en agosto debían haberse pagado en noviembre, pero el dinero nunca llegó.

Mientras tanto, los reclamos de afiliados se multiplican en redes sociales y ante organismos de control. Denuncian pérdida de prestadores, demoras en autorizaciones, cancelación de estudios y dificultades para acceder a medicamentos esenciales, especialmente en tratamientos vinculados a diabetes, oncología y discapacidad.

Uno de los focos más críticos se registra en La Plata, donde afiliados aseguran que desde hace meses el sistema funciona de manera intermitente. Clínicas que dejaron de atender, prácticas médicas que no se autorizan y estudios que se postergan forman parte de un escenario que genera preocupación entre pacientes y profesionales.

El problema se agrava porque las cuotas de los planes continúan aumentando, mientras las prestaciones disminuyen o directamente desaparecen. Para pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos complejos, esta situación implica en muchos casos tener que recurrir al sistema público o pagar de manera particular.

La crisis también se extiende a otras regiones del país. Nina Sosa, afiliada de Accord Salud en San Martín de los Andes, aseguró que prácticamente dejó de tener cobertura durante todo el último año.

“Soy paciente psiquiátrica y tengo depresión severa. No tuve cobertura durante meses y ahora me atienden en el hospital público. He presentado reclamos y cartas, pero hace dos meses que ni siquiera me atienden el teléfono”, relató.

A su vez, afiliados de distintos puntos del conurbano bonaerense señalan el cierre de delegaciones locales y la reducción progresiva de prestadores. Marta Montilla, afiliada en Lomas de Zamora, afirmó que cada vez tiene menos opciones de atención mientras el costo del plan sigue aumentando.

En paralelo, crecen las críticas hacia los organismos de control del sistema de salud, particularmente la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya recibió miles de reclamos pero aún no logró resolver el conflicto.

La situación se complejiza aún más por el contexto económico general. Con salarios en baja y mayor precarización laboral, muchos afiliados enfrentan dificultades para sostener el pago de sus planes, especialmente trabajadores monotributistas que tienen pocas alternativas dentro del sistema de cobertura privada.

Otro eje de conflicto surgió a partir de denuncias de discriminación sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que Unión Personal implementó medidas que favorecen exclusivamente a afiliados de UPCN, el sindicato que administra la obra social.

Según explicó el abogado Luciano González Etkin, integrante del Consejo Directivo Nacional de ATE, la obra social habría impulsado planes diferenciados y la aplicación de copagos para quienes no pertenecen a UPCN.

“La primera medida fue la creación de un plan exclusivo para afiliados de ese sindicato. Luego comenzaron a imponer copagos a trabajadores afiliados a ATE o sin afiliación sindical, incluso en cirugías y tratamientos complejos”, señaló.

ATE llevó el caso a la Justicia y logró una medida cautelar que ordena suspender esos cobros discriminatorios. El fallo del Juzgado Nacional del Trabajo número 69 dispuso que la obra social mantenga la bonificación de coseguros y garantice igualdad de prestaciones entre afiliados.

Sin embargo, la resolución fue apelada por UPCN y actualmente se encuentra en revisión en la Cámara Federal.

La crisis también impacta directamente en instituciones de salud. Un ejemplo es Gratitud, un centro de residencias terapéuticas ubicado en Monte Grande que atiende pacientes derivados por Unión Personal.

Según denunciaron sus autoridades, la obra social no paga las prestaciones desde septiembre de 2025, lo que generó una deuda superior a 39 millones de pesos.

La directora de la institución, María Laura Martín, explicó que durante meses Unión Personal y la empresa auditora Psique se responsabilizaron mutuamente por la falta de pago sin ofrecer soluciones.

Finalmente, en enero se informó que se suspendería la cobertura de salud mental para esos pacientes. Sin embargo, la residencia continuó atendiendo a personas con cuadros graves, algunas bajo medidas judiciales de protección.

“Estamos en una situación límite. No podemos pagar el alquiler y el contrato fue rescindido. Nos están llevando al cierre, pero tampoco nos dan alternativas para derivar a los pacientes”, advirtió la directora.

El conflicto expone una crisis estructural dentro de una de las obras sociales históricas del sector público, con consecuencias que ya impactan en pacientes, profesionales y centros de atención en distintas regiones del país. Mientras tanto, miles de afiliados continúan reclamando respuestas ante un sistema que, según denuncian, cada vez ofrece menos cobertura frente a cuotas cada vez más altas.