Una denuncia vinculada con viviendas correspondientes a planes federales fue remitida por el Ministerio de Economía a la Oficina Anticorrupción y quedó registrada bajo el expediente 2026-89302957-OA-MJ-GDE. La presentación también fue realizada ante la Auditoría General de la Nación, donde se espera que durante esta semana se informe el número de actuación correspondiente al caso mencionado como Agüero/Salto.

El planteo aparece además en un contexto marcado por antecedentes detectados por la propia AGN en programas habitacionales financiados con recursos nacionales. En la Actuación número 146/21, la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales examinó convenios ejecutados en Buenos Aires, Salta, Chaco y Tucumán y encontró problemas en rendiciones, fiscalización de obras, documentación y cumplimiento de los proyectos.

La auditoría recibió documentación completa de apenas 14 de los 28 acuerdos analizados, mientras que en otros expedientes faltaban actuaciones centrales para establecer el verdadero estado de ejecución. También señaló que no encontró pruebas suficientes de auditorías técnicas o financieras realizadas por la Unidad de Gestión sobre los avances informados por los organismos ejecutores.

Entre los casos examinados apareció la provincia de Buenos Aires, donde la AGN detectó inconsistencias en documentación correspondiente al Acuerdo de Cooperación y Uso 436/15. En uno de los certificados analizados figuraba una factura declarada como cancelada casi cuatro meses antes de su fecha de emisión, situación que el organismo indicó que no constituía un episodio aislado.

El informe alcanzó convenios originados durante el gobierno de Mauricio Macri y obras que continuaron o permanecieron paralizadas durante la administración de Alberto Fernández. Los trabajos de campo se extendieron hasta marzo de 2024 y permitieron verificar demoras, unidades sin terminar y falencias en los controles sobre fondos transferidos a las provincias.

Ahora, la nueva denuncia abre otra instancia administrativa vinculada con viviendas de planes federales. La intervención de la Oficina Anticorrupción y el trámite ante la AGN determinarán qué documentación será requerida y si corresponde avanzar con nuevas actuaciones sobre el caso.