Avanza en La Plata la denuncia contra una magistrada de Familia

Carlos Herrán tiene 60 años y desde 2018 no puede ver a sus dos hijos: desde que ellos tenían 9 y 15 años, en un caso que conjuga falsas denuncias y connivencia de una jueza de Familia de La Plata.

La magistrada que está en la mira se llama María del Rosario Rocca, titular del Juzgado de Familia número 6 del departamento judicial de La Plata, actualmente de licencia.

Rocca renueva de manera sistemática medidas cautelares para que Herrán no tenga contacto con sus hijos, los que en la actualidad ella tiene 16 y él 21.

La expareja de Herrán, Andrea Bodgan, es una artista plástica que se encuentra procesada sin prisión preventiva por la justicia federal de La Plata.

El juez procesó a Bodgan por el delito contemplado en la Ley 23592 que castiga con hasta tres años de cárcel a quienes “alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

La artista plástica difundió información pronazi y eso la llevó a ser denunciada por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) en 2021 por integrar una red neonazi.

A pesar de que Bodgan fue procesada por la justicia federal y padece trastornos psicóticos, la jueza Rocca mantiene la obstrucción de vínculos entre padre e hijos.

La falsa denuncia de la mujer hacia Herrán es una maniobra de fraude procesal avalada por la propia jueza y por el defensor oficial, explican desde el círculo íntimo del hombre.

En abril pasado, Kreplak procesó a la mujer sin prisión preventiva, pero con un embargo de diez millones de pesos por violación de la Ley 23592.

Mucho antes, en julio de 2018 se inició la causa por violencia familiar, obstrucción de vínculo y tenencia de los hijos en el Juzgado de Familia número 6 de La Plata, cuya titular es la jueza María del Rosario Rocca, Bogdan explícitamente dijo, y de esto hay grabaciones de whatsapp y videos, que no dejaba que sus hijos fueran con el padre porque éste es homosexual: “Los gays no sirven para ser padres”.

En el caso de Carlos Herrán lo que desató la furia de Bogdan fue que su ex se puso en pareja con otro hombre. En eso se basó para negarle el derecho de ver a los hijos.

Cuando él fue a buscar a los chicos para pasar con ellos el Día del Padre, el 15 de julio de 2019, ella no se los entregó y lo amenazó con llamar a los amigos que lo querían golpear: “¿Sabés la cantidad de pibes que te quieren romper la cara? ¿Querés que los llame?”

Ese episodio violento quedó grabado en un video. Tres días después, Andrea Bogdan presentó una denuncia por violencia doméstica contando la historia al revés (Herrán la había amenazado a ella). Casi en simultáneo el padre denunció la obstrucción de vínculo sumando el video como prueba. Sin embargo, la jueza Rocca dictó de inmediato medidas cautelares.

Herrán denunció a la jueza Rocca ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ante la UFI número 5 del fiscal Juan Menucci.

En un taller organizado por el Colegio de Abogados de La Plata, la doctora María del Rosario Rocca se hizo notar por decir sin sonrojarse que “contra la falsa denuncia no se puede hacer nada”. Sin embargo, en este caso no se quedó en la inacción, sino que con sus decisiones demostró una evidente parcialidad en beneficio de Bogdan.

Rocca basó cada una de sus medidas en la denuncia, a todas luces falsa, de la madre y no se movió de esa posición. No valoró las pruebas aportadas por el padre ni buscó producirlas ella misma. Jamás recibió a Carlos Herrán en estos más de siete años de iniciada esta causa.

“Desde septiembre de 2018, he sido arbitrariamente impedido de tener cualquier contacto con mis hijos, particularmente con mi hija menor (...), nacida en 2009, en un proceso de alienación parental legitimado por la inacción de Rocca”, dice Carlos

Herrán, en la denuncia por mal desempeño, conducta “antifuncional” y violación a los deberes judiciales que presentó en el Consejo de la Magistratura provincial con patrocinio de la abogada Patricia Anzoátegui.

El otro hijo es actualmente mayor de edad, pero la maniobra de exclusión ya ha dado sus amargos frutos: Herrán ignora todo sobre él.

Herrán denuncia que la jueza no solo “ignoró sistemáticamente” sus denuncias, sino que también desoyó intervenciones como la de la DAIA, que “en 2021 se hizo eco público de la vinculación de Andrea Bogdan con una red neonazi”.

El 11 de diciembre de 2023, el Cuerpo Técnico Auxiliar (CTA) del Poder Judicial de La Plata realizó una pericia psicológica a ambos padres y el resultado de la de Andrea Bogdan fue demoledor. Concluyeron que la progenitora excluyente presentaba: “Un trastorno psicótico no especificado, con indicadores clínicos graves que afectan directamente su idoneidad parental”.

Los elementos que fundaron esta conclusión son los siguientes: “Delirios de carácter mesiánico y conspirativo, enmarcados en una cosmovisión ocultista-nazi y superioridad racial. Reticencia absoluta a la autocrítica o al abordaje terapéutico. Discurso antisemita. Ausencia total de angustia o capacidad de reflexión sobre el conflicto familiar, lo que en sí mismo representa una señal de riesgo clínico”.

Finalmente, consignaron el “liderazgo” ejercido por Bogdan “dentro de una red doctrinaria que ha sido calificada como sectaria y peligrosa por múltiples organismos y medios de comunicación”.

El informe de los peritos concluía con la recomendación expresa de evaluar con carácter urgente a la menor, a fin de establecer el grado de vulnerabilidad psicológica y manipulación ideológica al que podría estar sometida.

“Rocca, ante el conocimiento de la grave patología de Bogdan (...), ocultó deliberadamente esta pericia (...) con el objeto de que la otra parte no tomase conocimiento de la grave patología de Bogdan”, dice el pedido de juicio político.

Desde septiembre de 2018, Carlos Herrán fue excluido del vínculo con su hija, en base a una denuncia por violencia familiar que no fue investigada. Esta exclusión parental fue prolongada por más de siete años a través de resoluciones de la jueza Rocca que nunca valoró las pruebas de descargo presentadas por Herrán ni tuvo en cuenta el derecho de la menor a mantener vínculos familiares.

En la denuncia contra Rocca, se resume: “La menor permanece hasta la fecha bajo la guarda exclusiva de su madre, una mujer procesada penalmente, diagnosticada con trastorno psicótico, y vinculada a una estructura sectaria que ha instrumentalizado a su propia hija como vocera simbólica de un proyecto ideológico basado en el odio”.

Para concluir: “Este accionar, omisivo y sistemático, no es un error judicial. Es un fallo ético. Es un acto de traición a la función de protección que el Estado le confiere al fuero de familia”

Herrán tiene la expectativa de que el juicio político prospere.