En las capturas también se observa cómo Grippo solicita a coordinadores regionales el envío de currículums y menciona contactos con Recursos Humanos de la empresa, con el objetivo de ampliar el esquema de contrataciones en distintas localidades de la provincia. Incluso se hace referencia a un eventual llamado desde la ANSES para definir cupos y necesidades de personal, lo que refuerza la gravedad institucional del contenido difundido.

Pero el punto más sensible de los chats aparece cuando la dirigente asegura contar con información de beneficiarios de la ANDIS, datos que, según los mensajes, serían utilizados para tareas territoriales. El uso de listados de personas en situación de discapacidad con fines políticos encendió alarmas, por tratarse de información sensible protegida por ley.

Desde el entorno libertario salieron rápidamente a negar cualquier irregularidad y calificaron la filtración como una “operación de prensa” destinada a dañar a la concejal y al armador bonaerense del espacio, Sebastián Pareja. En relación con la ANDIS, argumentaron que los datos se habrían compartido únicamente para colaborar con una auditoría interna del programa Incluir Salud, y no con fines proselitistas.

Sin embargo, las explicaciones no logran despejar el fondo del escándalo. Los mensajes corresponden a mayo y junio del año pasado y muestran una lógica de armado político basada en el reparto de empleos y el acceso a información estatal, prácticas que La Libertad Avanza suele denunciar cuando provienen de otros espacios, pero que ahora aparecen replicadas puertas adentro.