La ciudad de Balcarce quedó sacudida por la difusión de audios calificados como escalofriantes, en los que se escucharían presuntos maltratos, humillaciones, amenazas y vejaciones contra un niño de 12 años alojado en el Hogar de Protección a la Infancia. Las grabaciones fueron publicadas por el periodista local Paty Ponce y derivaron en una investigación judicial que tiene como principal imputada a la abogada Alejandra Género, actual presidenta de la institución.

Según trascendió, Género fue imputada por amenazas, coacción, coacción agravada y lesiones leves, en el marco de una causa que investiga hechos de violencia irreproducibles contra el menor. El caso generó una fuerte conmoción social y reavivó cuestionamientos sobre el funcionamiento y la conducción del hogar.

De acuerdo a información relevada por medios locales, Alejandra Género mantiene estrechos vínculos con Mario Aníbal Sotelo, presidente de la Cooperativa de Electricidad de Balcarce, institución con fuerte peso político y social en la ciudad. La imputada integra además el Departamento de Diversidad, Género e Inclusión de la Cooperativa, cargo al que habría accedido por su relación directa con Sotelo, de quien también sería abogada personal.

A su vez, Género forma parte de una ONG dedicada a la lucha contra la violencia hacia la mujer, lo que incrementó la indignación pública ante la gravedad de las denuncias que hoy la involucran. Fuentes locales describen su llegada a la presidencia del Hogar de Protección a la Infancia como “turbia”, y sostienen que respondería a un patrón que se repite en distintas entidades intermedias y sin fines de lucro de Balcarce.

En ese sentido, se señala un entramado de autoridades cruzadas entre la Cooperativa Eléctrica y diversas instituciones sociales. Como ejemplo, se menciona que Gerardo Fernández, síndico de la Cooperativa, es presidente del Hogar de Ancianos La Merced, mientras que las esposas de Sotelo y del propio Fernández ocupan cargos clave en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Balcarce.

Las mismas fuentes recuerdan que Fernández y su entorno también administraron anteriormente un hogar para personas con discapacidad denominado “Nuestro Sueño”, cuya comisión directiva estaba integrada por los mismos actores y que hoy sería presidido por la esposa de Sotelo. Vecinos cuestionan además el crecimiento patrimonial de algunos de estos referentes, señalando inconsistencias entre sus ingresos conocidos y su nivel de vida.

La actual comisión directiva de la Sociedad de Protección a la Infancia, según se denuncia, estaría integrada en su mayoría por empleados y directivos de la Cooperativa Eléctrica, entre ellos Domingo Serritela, y vinculada políticamente al concejal recientemente asumido Gabriel Darío Petruccelli, médico del Hogar de Ancianos La Merced. En el ámbito político local se sospecha que la Cooperativa habría tenido participación en el financiamiento de su campaña electoral de 2025.

Las denuncias también alcanzan a otras organizaciones no gubernamentales. Fuentes consultadas sostienen que la Cooperativa mantiene vínculos con una ONG dedicada a la provisión de medicamentos oncológicos, que serían entregados sin los controles correspondientes. Se trata de la ONG “Quiero Ayudar”, conducida por Stella Pernia, esposa o pareja del vicepresidente de la Cooperativa, Jorge Guzmán, una práctica que ya había sido cuestionada por el Colegio de Farmacéuticos.