Una serie de chats entre Pablo Toviggino y el abogado Juan Pablo Beacon, incorporados a una causa judicial, expone gestiones del gobernador Alberto Weretilneck vinculadas a proyectos con capitales de Qatar en Bariloche y menciones a un presunto respaldo en la Justicia provincial.

Los mensajes, que están en manos del juzgado federal, describen una reunión con el embajador de Qatar para avanzar en la construcción de un estadio en la ciudad. En uno de los intercambios, Beacon anticipa que participaría del encuentro junto al mandatario y afirma que diría que la AFA respaldaba la iniciativa, aunque lo califica como “humo”.

Tras concretarse la reunión, el propio Beacon aseguró en los chats que el proyecto del estadio avanzaría y que el gobernador se había mostrado entusiasmado. En conversaciones previas, ya se mencionaba la posibilidad de traer un estadio desmontable utilizado en el Mundial de Qatar, lo que refuerza la continuidad del vínculo con inversores del emirato.

Otro tramo de los mensajes incorpora un elemento aún más delicado. Beacon le plantea a Toviggino una estrategia judicial vinculada a temas deportivos y asegura haberla conversado con Weretilneck, indicando que “al menos hasta el STJ hay garantía”, en alusión al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

La participación de Beacon en estas gestiones aparece como uno de los puntos sensibles del caso. Se trata de un actor sin cargo público formal que, sin embargo, interviene en reuniones diplomáticas, articula contactos y menciona decisiones de alto nivel, lo que abre interrogantes sobre la trazabilidad y los mecanismos de control en estas negociaciones.

En paralelo, la investigación también conecta estos vínculos con otros movimientos vinculados a capitales del Golfo en la provincia. En un juicio reciente, un empresario afirmó haber adquirido 14 mil hectáreas en zona de frontera con una “donación” de 2 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos, operación que podría entrar en conflicto con la ley de tierras rurales vigente.

El caso suma así distintos elementos que ahora deberán ser analizados por la Justicia, tanto en lo referido a los negocios de infraestructura como a las menciones sobre posibles influencias en el ámbito judicial.