Cobranzas con amenazas y exposición ante empleadores: piden al Congreso investigar a compradores de carteras

La noticia no es que la economía esté complicada. La noticia es la letra chica de cómo el modelo de ajuste permanente que pregona Javier Milei se ensaña con los eslabones más débiles. Un minucioso informe firmado por Ignacio Zavaleta, desde Laguna Alsina, partido de Guaminí, pone blanco sobre negro una realidad que el relato oficial prefiere esconder: la "motosierra" no recorta privilegios de la casta, sino que afila los cuchillos de la cobranza para que las familias exhaustas paguen el costo de un sistema financiero que no da tregua.

El documento, que consta de seis presentaciones formales dirigidas a la Cámara de Diputados, al BCRA, a Defensa del Consumidor y a la Agencia de Acceso a la Información, expone un universo cercano a las 900.000 personas cuyas deudas han sido transferidas a adquirentes de carteras. Detrás de ese número frío hay una postal que el Gobierno de La Libertad Avanza parece no querer mirar: familias que se endeudaron para cubrir la comida, los remedios o el techo, y que hoy son perseguidas por las mismas reglas del juego que el Ejecutivo jura defender.

Mientras el presidemente se pavonea con la baja de la inflación en cadena nacional, la realidad de las pequeñas economías domésticas se desangra en la tasa de interés. El informe echa luz sobre un dato escalofriante: una refinanciación de consumo publicada por el Banco Provincia en mayo de 2026 ofrecía una tasa nominal anual del 83,33 por ciento y un costo financiero total efectivo del 123,81 por ciento. Si te retrasaste con la tarjeta porque perdiste el laburo, el sistema te ofrece un "alivio" que te condena a pagar más del doble de lo que debés. Eso no es libertad, es usura con moño de mercado.

El contraste es tan obsceno como la brecha entre el discurso oficial y la gestión. El mismo informe señala que el Banco Nación ofrece planes para atrasos de 60 a 85 días con un costo total del 41,32 por ciento. La diferencia entre un banco y otro no es un detalle técnico: es la evidencia de que el mercado de la deuda familiar es un sálvese quien pueda, donde la urgencia de la gente es la principal materia prima de la especulación financiera.

Y si de especular se trata, el Congreso no se queda atrás. El texto de Zavaleta documenta que el 29 de septiembre de este año las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor emitieron dictámenes sobre Endeudamiento Familiar, pero que en la sesión del 22 de octubre la propuesta volvió a comisión. O sea: en un país donde el ajuste es la prioridad, la protección de los vulnerables es un trámite burocrático que se patea para adelante. Mientras los proyectos 4605-D-2026 y 4619-D-2026 duermen en cajones, los acreedores no duermen: llaman a tu casa, a tu trabajo, a tu familia.

Milei, que gusta de citar a los clásicos liberales, parece olvidar que la libertad económica sin reglas de protección al consumidor es solo darwinismo social. El informe de Zavaleta no pide que no se paguen las deudas, sino que se investiguen las tasas, las capitalizaciones y las refinanciaciones abusivas. Pide transparencia sobre los beneficios que el Estado le da a los grandes grupos económicos, mientras a una familia se le exige hasta el último peso cuando ya no tiene ni para el pan.