Un conflicto abierto entre el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, y la Sociedad Rural local tiene como eje central el destino de las tasas que pagan los productores agropecuarios, en particular la de red vial y la de guías ganaderas, en un distrito con unos 1.400 kilómetros de caminos rurales que los productores denuncian en mal estado, especialmente en épocas de inundaciones.

Según la última rendición de cuentas municipal analizada, por la tasa de red vial se recaudaron unos 1.189 millones de pesos, de los cuales alrededor de 790 millones se invirtieron efectivamente en caminos rurales. En el caso de las guías ganaderas, la recaudación ascendió a unos 1.075 millones de pesos, pero de ese monto no se destinó ningún peso al mantenimiento de caminos u obras hídricas, ya que los fondos ingresaron directamente a las cuentas generales del municipio. Para el presupuesto 2027, se prevé que la tasa vial aporte más de 1.280 millones de pesos, con afectación solo parcial a caminos, mientras que las guías sumarían más de 1.100 millones sin un destino específico en infraestructura rural.

La Sociedad Rural, presidida por Ignacio Bustingorri, organizó asambleas de productores, una de ellas con la participación del abogado Pablo Abdón Torres Barthe, conocido tuitero libertario y exasesor del diputado José Luis Espert, especializado en reclamos por tasas municipales y transparencia. Además, la entidad presentó pedidos de acceso a la información pública para obtener rendiciones de cuentas y balances desde 2023, e impulsa o evalúa acciones judiciales y amparos para que lo recaudado se destine efectivamente a infraestructura rural, un reclamo similar al que se desarrolla en otros municipios bonaerenses.

A principios de este mes, la entidad recibió las rendiciones de cuentas correspondientes al período 2023-2025, un total de tres cajas de documentación en las que halló "muchas inconsistencias", y ahora analiza si avanza por la vía judicial. Entre los cuestionamientos figuran decisiones de gasto, como los 70 millones de pesos destinados a la Fiesta de la Galleta de Piso, en momentos en que el intendente alegaba "muchas necesidades" que limitaban la inversión en caminos, además de cifras de kilómetros mantenidos que, según la entidad, no coinciden con la realidad. "En los últimos 30 años se patinaron los fondos", afirmaron desde la Sociedad Rural.

José Luis Salomón, intendente radical que cumple su tercer mandato, salió a responderle a la entidad. En recientes declaraciones, lamentó "profundamente que la Sociedad Rural motive y entusiasme a los productores de Saladillo a hacerle juicio al municipio", defendió el cobro de las tasas y sostuvo que a la Rural "les molesta que cobremos la tasa vial y, además, quieren que eliminemos la tasa de guías". En esa línea, comparó lo que percibe el municipio por guías con "la cuarta parte de lo que ellos cobran por los remates" de hacienda en su predio ferial. Más recientemente, en el marco del Día del Agricultor, Salomón reconoció que el municipio "hace mucho", aunque "tal vez podría hacer más" o "hacerlo mejor", y consideró legítimo el debate sobre el uso de los recursos, aunque pidió que se dé "desde la verdad y la sinceridad" y con información respaldada documentalmente. "Si es necesario continuar rindiendo cuentas, lo haremos", afirmó.

El enfrentamiento tiene, además, una lectura política. Saladillo es el único municipio bonaerense gobernado de forma ininterrumpida por el radicalismo desde 1983. En las elecciones de 2023, el candidato a intendente por La Libertad Avanza fue José Benito Bustingorri, conocido como "Beno", productor y expresidente de la Sociedad Rural. Buscó ganarle a Salomón y quedó tercero con cerca del 20 por ciento de los votos. Beno es, además, padre de Ignacio Bustingorri, actual presidente de la entidad rural, un dato que explica la jugada de la familia Bustingorri en el fogoneo del conflicto, que parece profundizarse de cara a las elecciones de 2027, donde los libertarios buscan disputar la intendencia de Saladillo.