Crece la tensión política en el Partido de Mar Chiquita por el avance del narcomenudeo y el regreso de un comisario cuestionado

La situación política y de seguridad en Santa Clara del Mar vuelve a quedar bajo una lupa cada vez más exigente. En los últimos meses, vecinos, referentes sociales y fuentes vinculadas a la investigación criminal han manifestado preocupación por un entramado de hechos que, lejos de presentarse como situaciones aisladas, parecen revelar un deterioro profundo del control estatal.

El avance del narcotráfico en la costa norte del Partido de Mar Chiquita, la presunta existencia de una “caja recaudatoria” paralela y las conexiones políticas y policiales que rodean al delegado municipal, Fabián Yarquet, configuran una trama opaca que pide ser explicada.

El clima en la localidad se tensó especialmente al conocerse nuevos señalamientos sobre el funcionamiento irregular de estructuras clandestinas vinculadas al narcomenudeo.

Para muchos actores locales, no se trata solo de fallas en la fiscalización sino de un proceso más amplio y sostenido, que se ve facilitado por una ausencia total de controles estratégicos: hace seis años que no se realizan controles efectivos en la ruta utilizada históricamente para el tráfico de estupefacientes hacia la costa norte.

Este vacío institucional, que ningún gobierno ha logrado corregir, ni municipal ni provincial, deja a la zona en una posición de extrema vulnerabilidad.

Es en ese contexto donde el nombre del delegado Yarquet aparece señalado. Fuentes diversas lo vinculan a un esquema político-policial cuyo funcionamiento, según advierten, permitiría la circulación de economías ilegales sin resistencia real.

La percepción social es contundente: el Estado no está fallando por negligencia, sino por captura. Y esa tesis cobra fuerza al analizar la relación del delegado con uno de los actores más controvertidos de la seguridad local, el comisario Adrián Mapelli.

Mapelli había sido apartado de su cargo al inicio de la gestión del intendente Walter “Wini” Wischnivetzky, en medio de cuestionamientos y tensiones internas. Sin embargo, su salida fue seguida por una ola de robos que sacudió a Santa Clara: comercios violentados, viviendas desvalijadas y una comunidad que, sin respuestas oficiales, terminó protagonizando una pueblada.

En paralelo, mientras la inseguridad escalaba, surgió un dato inquietante: pese a que Mapelli cargaba con denuncias de extrema gravedad, incluyendo una investigación por intento de abuso contra una policía subordinada, revelada por La Postal de Mar del Plata, un fiscal intervino para promover su restitución.

Finalmente, y según reconstruyen distintas fuentes locales, fue el senador Jorge Paredi quien realizó las gestiones políticas para que Mapelli regresara al esquema de seguridad del distrito.

El movimiento desconcertó incluso a sectores del oficialismo y alimentó sospechas acerca de las verdaderas motivaciones del reacomodamiento. La pregunta que subyace es inevitable: ¿qué interés político podría justificar el regreso de un comisario investigado por abuso sexual a un territorio donde el narcotráfico viene ganando terreno y donde el Estado no controla la ruta hace seis años?

El retorno de Mapelli, sumado a la centralidad creciente de Yarquet en la administración diaria de Santa Clara, consolidó la preocupación social. Para muchos vecinos, ambos nombres representan un mismo síntoma: un Estado local que actúa más como garante de determinados acuerdos de poder que como gestor del bienestar colectivo.

En barrios como Atlántida, Camet Norte y Santa Clara centro, la presencia del narcomenudeo es comentada con naturalidad, como una postal que dejó de sorprender. Y eso, para una comunidad que durante décadas reclamó seguridad y previsibilidad, es quizás el dato más alarmante.

Las explicaciones oficiales, hasta ahora, brillan por su ausencia. Nadie ha informado por qué se interrumpieron los controles en la ruta clave del narcotráfico, quién tomó esa decisión, ni bajo qué criterio se dispuso el regreso de Mapelli. Tampoco se han aclarado las conexiones entre el delegado y los sectores policiales involucrados. En un distrito donde la institucionalidad debería ser un escudo, la opacidad se ha convertido en un rasgo estructural.

Mientras tanto, la comunidad convive con un doble sentimiento: inseguridad cotidiana y desconfianza estructural. Comerciantes, trabajadores y familias coinciden en que la sensación dominante es la de un Estado permeado, sin orientación clara y con decisiones que parecen responder más a equilibrios internos que al interés ciudadano.

El avance del narcotráfico, la falta de controles durante seis años y la reaparición de un comisario cuestionado no solo comprometen el presente de Santa Clara: ponen en duda la capacidad futura del distrito para recuperar gobernabilidad real.