Crecen las críticas por proyectos que, según denuncian, podrían alterar el funcionamiento institucional argentino

Ignacio Zavaleta difundió un documento político en el que alertó sobre lo que considera una transformación profunda del sistema institucional argentino a partir de una serie de iniciativas promovidas por el Gobierno nacional. Según sostuvo, distintas medidas presentadas como herramientas de modernización administrativa, promoción de inversiones o simplificación regulatoria formarían parte de una estrategia orientada a concentrar poder y reducir los mecanismos de control republicano.

En el texto, el dirigente señaló que la incorporación de tecnologías de análisis masivo de datos y sistemas de inteligencia artificial podría derivar en mecanismos de vigilancia sobre ciudadanos, periodistas, dirigentes políticos y organizaciones sociales. En ese sentido, apuntó especialmente contra el posible uso de herramientas vinculadas a empresas tecnológicas internacionales y advirtió sobre el impacto que podrían tener en materia de privacidad y libertades individuales.

Otro de los puntos centrales del documento estuvo relacionado con la denominada Ley de Gestión de Intereses. Zavaleta afirmó que la iniciativa podría establecer nuevas exigencias burocráticas para organizaciones sociales, sindicatos y entidades civiles que busquen interactuar con organismos estatales. Según planteó, la propuesta alteraría el vínculo tradicional entre la ciudadanía y las autoridades públicas.

El dirigente también cuestionó el Decreto 467/2026, al considerar que introduce modificaciones en los procesos de selección de magistrados. A su entender, los cambios reducirían mecanismos de control ciudadano y facilitarían la designación de jueces afines al Poder Ejecutivo, afectando el equilibrio institucional previsto por la Constitución Nacional.

Las críticas también alcanzaron a la denominada Ley de Inocencia Fiscal y al Súper RIGI. Sobre la primera iniciativa, sostuvo que podría generar beneficios para grandes contribuyentes y sectores económicos concentrados. Respecto del régimen de promoción de inversiones, advirtió sobre posibles efectos vinculados a la cesión de recursos estratégicos, beneficios fiscales extraordinarios y limitaciones para la capacidad regulatoria del Estado.

En la parte final del documento, Zavaleta llamó a los diputados nacionales a asumir un rol activo frente a estas iniciativas. Entre otras medidas, pidió rechazar el Decreto 467/2026, revisar integralmente la Ley de Gestión de Intereses y exigir explicaciones sobre la implementación de tecnologías de vigilancia y los alcances de los beneficios otorgados a grandes inversiones.

Para el dirigente, el Congreso debe actuar como una barrera institucional frente a cualquier intento de alterar el sistema de pesos y contrapesos. En ese marco, consideró que la discusión excede las diferencias partidarias y se vincula directamente con la preservación de las garantías constitucionales y el funcionamiento de la República.