Debe 5,4 millones de pesos, cobra del Estado y se hace el empresario: la doble vida de Gonzalo Martín

Este tipo es abogado, empleado de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y monotributista, pero tiene una deuda que crece como espuma. Gonzalo Martín pasó de deber 713 mil pesos en julio de 2024 a más de 5,4 millones en 2025, una cifra que cualquier laburante promedio ni siquiera puede imaginar. ¿Con qué plata paga eso? Con el sueldo de empleado estatal no alcanza ni para los intereses.

El personaje no solo es un deudor serial, sino que se hace el empresario con LUMAGGAM SA, una sociedad que constituyó en 2017 y que tiene un objeto social tan amplio que parece sacado de un manual de cómo abarcar todo sin especializarse en nada. Construcción, agro, importación, exportación, operaciones financieras con capital propio, inmobiliaria, transporte, logística y hasta participación en licitaciones públicas y privadas. Una empresa chica que quiere jugar en todas las canchas, pero que según los papeles se dedica a la venta minorista de ropa. Sí, ropa. ¿Qué clase de negocio es este?

Pero el chiste sigue. El socio de Martín, Lucas Marcelo García, es director suplente de LUMAGGAM SA y también tiene su propio imperio paralelo. García aparece vinculado a GP Med Insumos SA, una empresa de insumos médicos, hospitalarios, prótesis, medicamentos y equipamiento, y a Prisma Salud Integral SA, que también hace lo mismo y participa en licitaciones públicas.

Todo muy lindo, salvo por un detalle: García trabaja en el Ministerio de Salud bonaerense. El tipo que vende insumos médicos es el mismo que labura en el área que podría comprarlos. ¿Alguien vio el conflicto de intereses o todos estaban mirando para otro lado?

Acá no hay vueltas: este dúo dinámico utiliza sus vínculos estatales para hacer negocios mientras cobran sueldos públicos. Martín se llena la boca con su título de abogado y su puesto en la Gobernación, pero debe plata que no puede pagar. García se hace el doctor en insumos médicos mientras pone el pie en dos mundos incompatibles. Si esto no es una falta de ética pública, que venga alguien y lo explique.

La pregunta es incómoda y no hay manera de esquivarla: ¿García y Martín usaron sus contactos en el Estado para conseguir contratos jugosos? Los registros oficiales están disponibles, pero nadie parece tener interés en revisarlos. La sociedad LUMAGGAM SA tiene todas las habilitaciones para participar en licitaciones públicas, y los dos tipos que la manejan están metidos hasta el cuello en el aparato estatal. Coincidencia, casualidad o un plan perfectamente armado.

Martín debería estar dando explicaciones en lugar de esconderse detrás de su título. Su deuda no es un problema personal cuando se combina con un puesto público y una sociedad que puede firmar contratos con el Estado. Si la plata no le alcanza para pagar sus propias cuentas, ¿cómo va a manejar los recursos de todos los bonaerenses? La pregunta ofende, pero es necesaria.

El Ministerio de Salud debería estar investigando a García desde ayer. Un empleado del área que integra empresas del mismo rubro no es una anomalía, es una bomba de tiempo. La ley de ética pública no es un adorno, pero en la provincia parece que los adornos son lo único que importa. Mientras tanto, el dúo sigue haciendo de las suyas, cobrando sueldos y acumulando deudas como si nada.

Este es el retrato de un sistema donde la incompatibilidad es moneda corriente y los controles brillan por su ausencia. Martín y García no son casos aislados, son la muestra de un Estado que mira para otro lado mientras sus empleados juegan a los empresarios con plata ajena.