Denuncian persistencia del delito ambiental en la investigación contra COOMARPES en Mar del Plata

En el marco de la causa federal FMP 23899/2018/TO1, vinculada a presuntas infracciones a la Ley 24.051, el querellante Roberto V. Maturana presentó un nuevo escrito ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en el que pidió que se tenga presente información remitida por el Juzgado Federal número 1 y que se adopten medidas de mejor proveer para avanzar en la investigación ambiental.

En la presentación, patrocinada por los abogados Julio Mario Razona y María Carpineto, se acompañó un detalle cronológico de actuaciones judiciales desde 2024, donde se denuncia la existencia de un presunto “ecocidio” por la falta de medidas eficaces para frenar la contaminación detectada por fuerzas federales, además de advertirse que la investigación se estaría llevando adelante sin parámetros objetivos claros.

Según el escrito, en noviembre de 2024 se señaló la continuidad de emisiones gaseosas peligrosas atribuidas a COOMARPES y AGUSTINER, subrayando la ausencia de certificaciones ambientales y el riesgo sanitario que esto implicaría para la población. Posteriormente, en abril de 2025, se sostuvo que el aire en la zona resultaba “irrespirable”, afirmando la persistencia de la conducta contaminante, mientras que en junio del mismo año se denunció que la contaminación se habría consolidado como un modelo de funcionamiento habitual.

La querella también recordó que en julio de 2025 la Cámara de Casación habría ordenado actuar con “celosa precaución” frente a la situación ambiental, y en septiembre se pidió la indagatoria de funcionarios del Consorcio Portuario, OSSE, ADA y del Ministerio de Ambiente por una presunta participación necesaria en un delito ambiental de carácter continuado.

Entre las medidas solicitadas ahora, se exige incorporar registros fotográficos obtenidos durante una inspección ocular a la empresa en julio de 2024, levantar la confidencialidad de ensayos y estudios realizados por el INTI vinculados a COOMARPES, y requerir documentación contable que permita acreditar el origen de los fondos destinados a propuestas de reparación integral.

El escrito advierte además sobre el presunto ocultamiento de pruebas, la reserva de informes estatales y la falta de trazabilidad de los recursos económicos presentados por la defensa, elementos que, según la querella, obstaculizarían la eficacia de las medidas judiciales ya ordenadas y el avance del proceso penal ambiental.