Denuncian que en Mar Chiquita ocultaron el debate por fondos públicos y ahora avanzan causas judiciales

Un episodio de alto impacto institucional sacude al Partido de Mar Chiquita tras la decisión de impedir la transmisión en vivo de la comisión donde debía tratarse la rendición de cuentas del ejercicio 2025. La medida, que además restringió el acceso del público, desató una fuerte reacción política y derivó en la presentación de denuncias penales contra autoridades y concejales del Honorable Concejo Deliberante.

El hecho ocurrió el 29 de abril, cuando estaba prevista una reunión de comisión para abordar uno de los actos más sensibles de la administración pública, el control del uso de los fondos estatales. Sin embargo, en lugar de garantizar la publicidad del debate, se resolvió impedir su difusión y limitar la participación ciudadana, lo que fue interpretado como un intento de bloquear el control social sobre la gestión.

Según consta en la denuncia presentada por el secretario de bloque Cristian León, tras el conflicto inicial 13 de los 14 concejales abandonaron el recinto y se trasladaron a un despacho privado del presidente del cuerpo, Carlos Minucci. Allí, fuera del ámbito institucional y sin respaldo reglamentario, elaboraron un acta en la que reconocieron la imposibilidad de sesionar y adoptaron decisiones, en un contexto sin publicidad ni control.

Para los denunciantes, este accionar constituye una “vía de hecho administrativa” que vulnera el funcionamiento regular del órgano deliberativo y el derecho de acceso a la información pública. Además, remarcan que las comisiones no se encuentran formalmente constituidas, lo que impediría legalmente avanzar con el tratamiento de la rendición de cuentas en esas condiciones.

En paralelo, la concejal Patricia Hellner presentó una segunda denuncia penal en la que acusa directamente a Minucci y a un grupo de concejales de haber actuado de manera deliberada para impedir la publicidad de un acto público. En su presentación, sostiene que existió una conducta dolosa, ya que los funcionarios conocían la obligación de garantizar la transparencia y, aun así, optaron por restringirla sin fundamento legal.

Ambas denuncias encuadran los hechos en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal. Los argumentos se apoyan en principios constitucionales centrales, como la publicidad de los actos de gobierno y el derecho ciudadano a acceder a la información estatal, considerados pilares del sistema republicano.

El conflicto, lejos de quedar circunscripto a un episodio administrativo, expone una trama política más amplia. De acuerdo a los denunciantes, existió un acuerdo transversal entre oficialismo y sectores de la oposición para garantizar la opacidad en el tratamiento de las cuentas públicas, lo que agrava la gravedad institucional del caso y alimenta las sospechas de un intento de encubrimiento.

Con la judicialización ya en marcha, la causa abre un nuevo frente de tensión en Mar Chiquita y coloca bajo la lupa el funcionamiento del Concejo Deliberante. El eje ahora estará puesto en determinar si hubo una decisión coordinada para impedir el control ciudadano y, en ese caso, establecer las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.