El querellante Roberto V. Maturana presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal en la que cuestiona el desarrollo de la histórica causa vinculada a la contaminación ambiental generada por plantas harineras instaladas en el Puerto de Mar del Plata. En el escrito sostiene que durante años se omitieron medidas de prueba fundamentales y que se desvió la investigación de posibles delitos ambientales hacia conflictos relacionados únicamente con olores molestos.

Según planteó, desde 2009 existirían elementos técnicos y científicos que acreditan la presencia de trimetilaminas (TMA) en el ambiente portuario y sus posibles efectos sobre la salud de la población expuesta. Además, recordó que en 2014 el entonces fiscal federal Daniel Adler impulsó actuaciones en las que advertía sobre presuntas emanaciones gaseosas que podrían representar riesgos para la salud pública.

Maturana sostiene que la investigación no avanzó sobre el impacto sanitario de esas sustancias y denuncia una prolongada paralización de estudios epidemiológicos y medidas destinadas a determinar posibles responsabilidades penales. También cuestiona la falta de decisiones para exigir adecuaciones tecnológicas en las empresas involucradas.

Entre los puntos incluidos en la presentación aparecen cuestionamientos vinculados a presuntas omisiones en el control de emisiones atmosféricas, vuelcos industriales, habilitaciones ambientales y evaluaciones de impacto. Además, reclama que se profundicen investigaciones sobre episodios denunciados dentro de algunas plantas industriales y sobre informes técnicos elaborados por distintos organismos que, según afirma, no fueron suficientemente considerados.

El escrito también apunta contra organismos de control, autoridades administrativas y funcionarios judiciales por supuestas demoras e incumplimientos. En ese marco, solicita que se adopten medidas urgentes para frenar los presuntos daños ambientales denunciados y que se analicen eventuales responsabilidades penales derivadas de esas conductas.

Finalmente, el querellante pidió que la Fiscalía impulse la aplicación del régimen penal previsto en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, reactive medidas pendientes y avance sobre las denuncias relacionadas con la actividad de distintas empresas pesqueras e industriales radicadas en el Puerto marplatense.