Una grave denuncia penal presentada por el concejal Martín Fernández y la concejal (MC) Evangelina Cordone pone bajo la lupa un presunto esquema de fraude millonario y sistemático en la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE) del Partido de La Costa.

Se tuvo acceso a la denuncia ampliación (IPP03-00-1934)  donde se redacta un “plan delictivo continuado” que atraviesa las gestiones municipales desde el año 2022 hasta la actualidad.

Un hallazgo clave en esta etapa es la aparición de la empresa NOSLIN S.R.L., vinculada a Nilson Joao Pelegrini (titular de FERPEL); se sospecha que esta firma es utilizada para una maniobra de “auto-alquiler”, donde el mismo grupo económico que vende los alimentos cobraría al municipio por el alquiler de los galpones donde se almacena dicha mercadería, cerrando así un círculo de lucro indebido con fondos públicos.

¿Cómo funciona la maniobra de auto-alquiler con NOSLIN S.R.L.?

La maniobra de “auto-alquiler” vinculada a la firma NOSLIN S.R.L. (proveedor nº 3794) representa, según la denuncia, el cierre de un círculo de lucro indebido con fondos públicos.

De acuerdo con las fuentes, el funcionamiento de esta maniobra se detalla de la siguiente manera: Vinculación societaria: La empresa NOSLIN S.R.L. pertenece a Nilson Joao Pelegrini, quien es también el titular de las otras firmas proveedoras de alimentos (como FERPEL S.R.L.) que ya están bajo investigación por cartelización. El objeto de la maniobra: Se sospecha que esta empresa es utilizada para alquilar al municipio los galpones donde se almacena la mercadería destinada a los programas alimentarios SAE y MESA

Doble beneficio económico: Mediante este esquema, el grupo económico de Pelegrini no solo lucra con la venta de los alimentos al Estado, sino que también cobra un alquiler al municipio por el espacio físico necesario para su propia logística de almacenamiento.

Detección en el ejercicio 2025: Esta firma aparece mencionada en la Rendición de Cuentas Municipal de 2025 (folio 557) y se suma a la lista de proveedores recurrentes (junto a Ferpel, Alimar y Romapel) que forman parte de lo que los denunciantes describen como un “plan delictivo continuado”.

Funcionarios en la mira

La denuncia solicita la imputación de figuras clave en la cadena de mando: Cristian Cardozo (ex Intendente): por instrumentar el sistema de municipalización viciado; Sebastián Federico Leal (Director de Contrataciones 2022-2025): por permitir legajos incompletos y avalar la cartelización; Micaela Abril Ifran (Directora Interina de Contrataciones): por dar continuidad sistemática al esquema durante el ejercicio 2025

Los denunciantes han solicitado a la Justicia que se investigue la asociación ilícita y la trazabilidad de todos los pagos realizados a este grupo de proveedores durante los últimos cinco años, con el fin de determinar el alcance total de la defraudación al erario público provincial y municipal

El “pecado original”: La municipalización del servicio Según los denunciantes, el origen de esta estructura se remonta al 1 de abril de 2022, cuando el entonces intendente Cristian Eduardo Cardozo firmó un convenio para traspasar la administración del SAE del Consejo Escolar a la Secretaría de Educación Municipal

Este movimiento administrativo es calificado en la denuncia como el “pecado original”, ya que habría tenido como fin eludir los controles naturales del Consejo Escolar para centralizar el manejo de fondos públicos en una estructura municipal calificada como “laxa y permeable a la cartelización”

Tres años de irregularidades confirmadas por el Tribunal de Cuentas La denuncia se apoya en fallos del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) que detallan anomalías recurrentes en los ejercicios 2022, 2023 y 2024. El El ejercicio 2025: Deuda millonaria y la maniobra de “auto-alquiler” La investigación se extiende al periodo actual, donde se registra una deuda flotante masiva con los mismos proveedores: más de 1.452 millones de pesos con FERPEL S.R.L. y más de 3.113 millones con la Cooperativa ALIMAR.

Otros imputados: Roberto Jeremías Calderón: En su carácter de Presidente de ROMAPEL 19 S.A., firmante de las ofertas y declaraciones juradas cuestionadas. Juan de Jesús: Intendente Municipal, firmante de los Decretos N°50/2025; Nº51/2025, Nº156/2026 y Nº157/2026 que aprobaron los pliegos y llamaron a licitación obviando las prohibiciones vigentes. Daniela Marilina Gimenez: Secretaria de Administración, Legal y Técnica, por refrendar los decretos mencionados. Elizabeth Adriana Becht: Secretaria de Hacienda, Economía y Planificación Económica, por su intervención en la autorización de gastos y presupuesto de las licitaciones irregulares. Amancay López: Secretaria de Educación y Bienestar Estudiantil, por diseñar la composición modular deficitaria y solicitar la apertura de los expedientes en condiciones irregulares.