Dolores registra el mayor crecimiento acumulado en el reparto de fondos provinciales de la Quinta Sección, con una suba de su Coeficiente Único de Distribución (CUD) del 6,54% entre 2023 y 2026, y un incremento específico del 6,01% para el ejercicio 2026. Este beneficio financiero contrasta drásticamente con severas acusaciones locales por falta de transparencia fiscal, discrecionalidad política y deficientes contraprestaciones públicas.

Dolores enfrenta una severa crisis financiera por el despilfarro y la mala gestión económica local. La acumulación de deudas con proveedores, la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos y el gasto desmedido en eventos masivos no prioritarios han puesto en jaque la estabilidad del municipio, afectando directamente las prestaciones de los servicios esenciales para los vecinos.

A pesar de la inyección presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires, la gestión del intendente Juan Pablo García (Frente Patria) enfrenta fuertes críticas por ocultar las cuentas públicas: el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ubicó a Dolores entre los municipios con peor desempeño, obteniendo apenas 30 puntos sobre 100.

La paradoja de un municipio rico en fondos, pero deficiente en servicios, se fundamenta en asignaciones cuestionables de recursos: Desvío de Fondos y Gasto Superficial. Festejos millonarios: Priorización de partidas presupuestarias hacia festivales y contrataciones artísticas de alto costo en lugar de infraestructura básica.

Sobredimensionamiento estatal: Incremento injustificado de la planta de personal político y asesores externos con sueldos de privilegio.

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires observó la rendición 2024 del municipio de Dolores, detectó múltiples irregularidades administrativas, cuestionó contrataciones por más de $108 millones y sancionó al intendente  García junto a varios funcionarios.

El fallo dejó asentadas observaciones vinculadas a: Contrataciones directas irregulares. Deficiencias en controles internos. Certificados de obra incompletos. Inconsistencias contables y fondos sin acreditar correctamente.

El punto más delicado señalado por el Tribunal gira en torno a un mecanismo utilizado de manera reiterada por el municipio. Según el fallo, la gestión de García contrató mano de obra de forma directa mientras adquiría materiales por separado, encuadrando esas operaciones bajo la figura de "obra pública". Para el HTC, esa modalidad vulnera la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"La normativa no contempla que el municipio contrate la mano de obra por un lado y provea los materiales por el otro", remarcó el organismo.

Además, se cuestiona el gasto de cifras millonarias en combustible dentro del ejercicio, escuelas que sufrieron reducciones horarias por fallas edilicias y falta de calefacción como también el desabastecimiento crónico de insumos médicos y retrasos en los pagos al personal del hospital municipal como la acumulación de deudas comerciales que mantiene el municipio dolorense de la mano del gobierno de Juan Pablo “Patita” García.