Dos financistas en la mira por el circuito que rodea a Gustavo Gentili

La causa por presunto lavado de activos vinculada al exfuncionario Gustavo Gentili volvió a tomar impulso en los tribunales federales. El expediente pone el foco en el rol de los llamados “sherpas del dinero negro”, operadores financieros que habrían facilitado el movimiento de fondos de origen ilícito hacia el exterior.

El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó avanzar contra los financistas uruguayos Daniel Pérez Montero y Mario Ribeiro Ricci, a quienes ubica como piezas clave en una estructura destinada a canalizar dinero presuntamente ligado a sobornos en concesiones viales. La hipótesis apunta a maniobras diseñadas para dar apariencia legal a esos fondos.

Según la reconstrucción judicial, una de las operaciones centrales se habría realizado en 2013 a través de la firma Aspen Trading Corp. La empresa habría firmado un contrato para justificar el movimiento de casi un millón de dólares en bonos, en una operatoria que presenta inconsistencias documentales bajo análisis.

Entre los elementos que despertaron sospechas aparece una secuencia inusual. El supuesto prestamista habría emitido un recibo de cancelación antes del ingreso efectivo de los fondos, lo que para la fiscalía resulta incompatible con una transacción genuina.

A esto se suman comunicaciones electrónicas que indican que la operatoria habría tenido un costo del 12 por ciento del monto total, pactado en dólares. Para la acusación, ese porcentaje no respondería a un interés financiero tradicional, sino a un eventual honorario por estructurar la maniobra.

El eje jurídico del planteo es la figura de la “ignorancia deliberada”, que permite atribuir responsabilidad a quienes, por su rol profesional, optan por no indagar el origen del dinero con el que operan. No se trata de desconocimiento, sino de una decisión consciente de no saber frente a indicios de irregularidad.

Este enfoque choca con criterios previos de la Cámara Federal, que exigían probar conocimiento directo de la maniobra. Para la fiscalía, ese estándar dificulta avanzar contra intermediarios clave en estructuras de lavado, lo que abre un debate sobre cómo investigar este tipo de delitos.

En paralelo, la causa principal ya fue elevada a juicio oral contra Gentili y otros imputados. La discusión ahora también pasa por si el expediente se unifica o se fragmenta, en función del rol que se les atribuya a estos operadores financieros dentro de la estructura investigada.