En la ciudad bonaerense de Mercedes, la familia Martínez Tissier denunció hace unos días una nueva escalada del conflicto que mantiene con la Municipalidad desde 2020, cuando, según su versión, el intendente Juan Ignacio Ustarroz dispuso la ocupación de parte de su predio para instalar allí un basural municipal.

Según el testimonio de la familia, respaldado con fotografías, en horas de la mañana varios camiones del municipio ingresaron al predio y extendieron la zona cubierta de desechos, acercándose esta vez hasta el cerco perimetral que los propietarios habían levantado luego de la ocupación inicial. De acuerdo con lo que relataron, cuando reclamaron por lo sucedido, el personal de los vehículos les informó que cumplía instrucciones de la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependencia que conduce Luis Ponce, orientadas a depositar los residuos más cerca de la vivienda por las complicaciones que presentaba el barro en otros sectores del basural. Los denunciantes sostuvieron que la basura terminó apilada junto a la casa familiar, donde, según explicaron, conviven animales de granja y personas con discapacidad.

El conflicto tiene su punto de partida en 2020, en pleno aislamiento por la pandemia, cuando el municipio habría tomado el terreno a partir de una información equivocada: que el dueño, una persona con síndrome de Down, ya no estaba con vida. La familia sostiene que ese dato nunca fue cierto. A partir de ese momento, los Martínez Tissier vienen presentando denuncias, tanto ante la Justicia como ante distintos medios, por reiterados episodios de intimidación. Entre esos hechos mencionan incendios provocados, la presencia de personas armadas fotografiadas en el lugar y un caso en el que, según cuentan, trabajadores municipales habrían intentado atropellar a uno de los miembros de la familia con una máquina retroexcavadora. Todo esto, aseguran, quedó registrado en videos que ya circularon en coberturas periodísticas anteriores.

Uno de los hechos más severos que la familia vincula con este conflicto es un incendio registrado en la madrugada del 14 de agosto de 2024, que demandó horas de trabajo a Bomberos. Tanto vecinos como integrantes de la familia sospecharon de la participación de personal municipal y militantes de ATE, a quienes acusan de haber recurrido a bidones con nafta para amedrentarlos, aunque esa hipótesis no cuenta hasta ahora con respaldo judicial. Meses después, en enero de 2025, se produjo otro foco de fuego en pastizales de un terreno vecino, episodio que la familia también consideró sospechoso. La situación habría empeorado hasta el día de hoy, cuando empleados municipales descargaron enormes montañas de basura que se estarían aproximando a la vivienda de los Martínez Tissier. Sin embargo, quien aparentemente da las órdenes para que los camiones avancen es Luis Ponce, subsecretario de Servicios Públicos, quien se autoproclama sucesor del intendente Juani Ustarroz.

Emanuel Martínez Tissier, integrante de la familia, apuntó públicamente contra Ponce con un mensaje contundente: “Usurpador, ayer mismo te denuncié por tirar basura con los camiones al lado de mi casa, dentro de mi campo usurpado para basura; estás violando todos los derechos y la Constitución Nacional, usurpador”.

En cuanto a la responsabilidad de Luis Ponce, si bien los vehículos que descargaron los residuos responden operativamente a su área, encargada de la recolección y disposición final de la basura, se negó a declarar ante las acusaciones, pese a su responsabilidad funcional sobre las unidades que constantemente invaden el predio y pertenecen a su dependencia.

En relación con el estado judicial del caso, tanto las denuncias penales como el expediente por usurpación permanecen, según describe la propia familia, estancados, sin que se hayan dictado condenas ni resoluciones definitivas.

El caso se suma a otras denuncias de similares características contra la gestión de Ustarroz. Episodios comparables fueron dados a conocer anteriormente por la familia Odda y por el empresario Jorge Heredia, también vinculados a supuestas maniobras de ocupación de tierras por parte del municipio.

La denuncia se conoció apenas horas después de que la diputada mercedina Vanesa Siley diera a conocer su plan para modificar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, normativa que actualmente acelera los desalojos por usurpación y reduce el margen de acción del Estado para expropiar.