El costo de vivir en Mar del Plata vuelve a crecer con un cargo que profundiza las críticas a la política recaudatoria

El concejal Diego García presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo el cese inmediato del cobro de la Tasa de Alumbrado Público (TAP) a los sectores alcanzados por exenciones municipales. La iniciativa también exige la devolución del dinero que, según sostiene el bloque de Unión por la Patria, fue percibido de manera indebida.

Desde la bancada opositora señalaron que el nuevo cargo comenzó a incorporarse en las facturas de energía eléctrica de EDEA y de cooperativas locales bajo la denominación "Ley 10.740", lo que, según denunciaron, dificulta que los contribuyentes identifiquen que se trata de la Tasa de Alumbrado Público. Además, indicaron que el importe ronda los 6 mil pesos por inmueble, calculado según la cantidad de luminarias ubicadas sobre el frente y las esquinas de cada manzana.

El proyecto sostiene que la implementación del tributo habría generado un presunto doble cobro para quienes abonaron la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) de manera anualizada, ya que el servicio de alumbrado anteriormente estaba contemplado dentro de ese tributo. También advierte que el nuevo esquema alcanzó a personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que, por cumplir con los requisitos establecidos por la comuna, se encontraban exentas del pago de tasas municipales.

García cuestionó la modalidad utilizada para incorporar el cargo en las boletas de luz y aseguró que numerosos vecinos manifestaron haber detectado la situación. "El Municipio recurre a la trampa de camuflar un impuesto local detrás de una ley provincial para que los vecinos no adviertan el aumento ni sepan exactamente qué están pagando", afirmó.

Por último, la iniciativa solicita que el Ejecutivo gestione ante las distribuidoras eléctricas la modificación del concepto que figura en las facturas para que aparezca expresamente como "Tasa por Alumbrado Público". Además, reclama que se normalicen los padrones de exención y se implementen mecanismos para devolver los montos cobrados a quienes correspondan.