El escándalo en General Rodríguez suma acusaciones contra Pareja por la continuidad de Securitas en el Hospital Sommer
La empresa habría mantenido el servicio tras un proceso licitatorio sin competidores, según sostienen fuentes vinculadas al establecimiento.
El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, atraviesa una profunda crisis por denuncias de corrupción interna que incluyen pacientes fantasma, desvío de fondos y negocios inmobiliarios ilegales.
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En paralelo, versiones que circulan en el nosocomio y entre fuentes allegadas señalan que Sebastián Pareja, funcionario de La Libertad Avanza con pasado en el Renaper, habría operado para garantizar la continuidad de la empresa de seguridad Securitas en el hospital, en medio de una licitación pública a la que, según esas mismas fuentes, nadie se presentó.
El Sommer, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, licitó en diciembre de 2025 el servicio de seguridad y vigilancia a través de la licitación pública 0013/2025 de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud. El pliego estableció un contrato por seis meses con opción a prórroga. Sin embargo, fuentes confirmaron que a ese proceso no se habría presentado ninguna empresa, lo que abrió la puerta a extender el servicio vigente.
Según versiones que recorren los pasillos del hospital, Securitas, que de acuerdo con esas mismas fuentes llevaría más de diez años a cargo de la seguridad del nosocomio, sería la beneficiada por esa ausencia de oferentes. Todo esto habría sido acordado como una movida de Sebastián Pareja para mantener los curros que se permitirían a través de coimas pagadas a punteros de La Libertad Avanza.
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Las irregularidades denunciadas en el Sommer no se limitan a la seguridad privada. La propia dirección del hospital, designada durante la gestión de Javier Milei, presentó denuncias penales por un entramado de corrupción vinculado a la Asociación de Internados, una entidad de pacientes.
Entre las maniobras denunciadas figuran el uso de pacientes fantasma para desviar fondos, el alquiler y la venta ilegal de viviendas del Estado destinadas a pacientes de lepra, el manejo irregular de remuneraciones con retenciones y préstamos a tasas usureras a modo de financiera clandestina, el robo de alimentos, sobornos a proveedores y el uso irregular de terrenos para la cría de ganado y cultivos.
El Gobierno nacional, a través del vocero Manuel Adorni y del Ministerio de Salud, presentó públicamente estas irregularidades como un curro heredado que estaba combatiendo. Hubo auditorías de la SIGEN, Sindicatura General de la Nación, y avances en la reconversión del hospital.
Pero, más allá de las denuncias oficiales sobre la Asociación de Internados, persisten las versiones sobre el manejo de la licitación de seguridad. Si bien se ocultó información pública respecto de que Securitas estaría a cargo de la seguridad sin un contrato específico, las sospechas se alimentan de su historial. Mientras tanto, Sebastián Pareja, quien fue director general Técnico Jurídico del Renaper durante 2018 y 2019, en pleno gobierno de Mauricio Macri, aparece mencionado en la megacausa por coimas de Securitas en la Argentina.
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Según un escrito presentado por el periodista Christian Sanz en calidad de amicus curiae ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, desde ese cargo Pareja emitió dictámenes jurídicos que habilitaron contrataciones irregulares con Securitas y con una intermediaria llamada MAC Servicios Empresarios S.R.L., supuestamente utilizada para canalizar fondos.
El periodista sostiene que esos dictámenes dieron cobertura legal a prórrogas ilegales de contratos, facilitando el esquema de coimas millonarias, estimadas en unos 7,6 millones de dólares entre 2013 y 2018, que la empresa sueca se autodenunció ante la Justicia argentina en 2020.
La tesis de Sanz sostiene que, sin esos documentos firmados desde el Renaper, el entramado de Securitas no se habría podido configurar. No se afirma que Pareja haya cobrado directamente, pero su rol habría sido clave como facilitador del esquema.
La presentación busca subsanar la omisión de que Pareja no había sido citado inicialmente en un dictamen fiscal de diciembre de 2024. Hasta donde alcanza la información disponible, no hay confirmación pública de que haya sido indagado, procesado o de que se haya probado su participación directa en el cobro de coimas.
Pareja es, además, una figura recurrente en otras denuncias: contrataciones irregulares en el PAMI, manejos en Capital Humano y cuestionamientos sobre apropiación ilegal de tierras, entre otros. En el caso del Sommer, la vinculación con Securitas y la licitación de seguridad proviene de las versiones que circulan entre jerarcas del hospital y allegados al entramado de la salud pública bonaerense.
Sin embargo, los trabajadores del Hospital Sommer siguen en estado de alerta por el destape de corrupción. Securitas está bajo investigación judicial por un esquema de coimas a nivel nacional y Pareja tiene una solicitud de indagatoria pendiente en esa causa. La jueza Arroyo Salgado deberá definir si lo cita a declarar. Mientras tanto, en General Rodríguez, la pregunta sobre quién controla la seguridad del hospital y en qué condiciones continúa sin respuesta.
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