El futuro de Marcelo Román se complica en Río Negro tras el nuevo paso del Concejo de Allen

El suspendido intendente deberá responder las acusaciones en su contra. Si la iniciativa reúne unas 4.500 firmas, su continuidad quedará en manos de un referéndum popular.

La crisis política de Allen sumó un nuevo capítulo y el futuro de Marcelo Román parece cada vez más comprometido. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría una resolución que habilita formalmente el proceso de revocatoria contra el intendente suspendido, a partir de una presentación ciudadana que reunió 3.111 firmas.

La decisión profundiza un conflicto institucional que mantiene al municipio atravesado por una disputa de poder, mientras el Superior Tribunal de Justicia (STJ) analiza si el cuerpo legislativo tenía facultades para apartar preventivamente al jefe comunal. Hasta que exista una resolución definitiva, el interinato al frente del Ejecutivo continuará sin modificaciones.

El avance del Deliberante se produce pese al dictamen del procurador general, quien consideró que los concejales se extralimitaron al suspender a Román. Sin embargo, ese pronunciamiento no es definitivo y la última palabra quedará en manos del máximo tribunal provincial, cuyo fallo podría alterar nuevamente el escenario político de la ciudad.

Los concejales sostienen que la suspensión y la revocatoria son procedimientos diferentes. Para respaldar esa interpretación, solicitaron un dictamen al asesor legal Néstor Soler, quien afirmó que la remoción constituye un derecho colectivo de la ciudadanía y que no depende de los plazos judiciales del conflicto de poderes.

La resolución aprobada declara de orden público el procedimiento y establece que su desarrollo no modifica ni deja sin efecto la suspensión preventiva de Román. En otras palabras, el intendente continuará fuera del despacho municipal mientras avanza el intento político e institucional de apartarlo definitivamente del cargo.

El próximo movimiento será la notificación personal al dirigente cuestionado. Desde ese momento, Román tendrá diez días hábiles administrativos para presentar su defensa y responder a las acusaciones promovidas por la vecina que impulsó la iniciativa revocatoria.

Cumplido ese plazo, haya o no una contestación del suspendido jefe comunal, el Concejo habilitará los libros correspondientes para comenzar una nueva recolección de adhesiones. La normativa exige alcanzar el respaldo del 20 por ciento del padrón electoral de Allen, equivalente a aproximadamente 4.500 firmas.

Los promotores del proceso tendrán 30 días para reunir esos avales. Si consiguen superar el piso requerido, el municipio deberá convocar a un referéndum popular dentro de los 30 días siguientes. Allí serán los vecinos quienes decidan, mediante el voto, si Román continúa formalmente en el cargo o es expulsado definitivamente del Ejecutivo.

El procedimiento abre una carrera contra el tiempo, pero también deja planteado un interrogante incómodo: qué ocurrirá si el STJ falla contra la suspensión dispuesta por los concejales mientras la revocatoria continúa avanzando. Aunque el asesor legal del cuerpo afirma que ambas vías son paralelas, una sentencia adversa podría agravar el choque institucional.

Allen quedó así atrapada entre expedientes judiciales, maniobras legislativas y una administración interina que intenta sostener la gestión cotidiana. Román conserva el cargo en términos formales, pero perdió el control efectivo del municipio y ahora enfrenta una ofensiva que pretende convertir su desplazamiento preventivo en una destitución definitiva.