El sistema de Mar Chiquita sigue vigente y la gestión deberá aclarar quién gana con las fotomultas

La renovación y extensión de la situación precaria vinculada al sistema de fotomultas volvió a poner bajo la lupa un negocio millonario que atraviesa desde hace años la política de Mar Chiquita. El cuestionamiento ya no pasa solamente por las cámaras o las infracciones, sino por el circuito económico que se genera alrededor del sistema y por las relaciones empresariales que mantienen presencia en el distrito desde gestiones anteriores.

El dato político es que el esquema sobrevivió al recambio en la intendencia. Jorge Paredi dejó el Ejecutivo municipal pero conserva influencia desde el Senado bonaerense, mientras Walter “Wini” Wischnivetzky quedó al frente de la comuna como continuador del mismo espacio y hoy debe responder por la permanencia de estructuras y vínculos que venían operando con anterioridad.

Entre los nombres señalados aparece Marcelo Cabello, vinculado en distintas publicaciones con PubliVial y con antecedentes contractuales en el municipio. La discusión pasa entonces por conocer cuánto dinero mueve realmente el sistema, qué porcentaje ingresa al Estado, cuánto perciben los privados y bajo qué condiciones se siguen prorrogando acuerdos que originalmente debían ser transitorios.

En los pasillos políticos comenzó además a circular la palabra “retorno”, no necesariamente como una acusación penal concreta, sino como interrogante sobre eventuales beneficios económicos, políticos o territoriales derivados de la continuidad del esquema. Esa sospecha vuelve a conectar los nombres de Paredi, Wini y Cabello dentro de una misma discusión sobre responsabilidades y transparencia.

El foco, por eso, excede a una empresa puntual. Si la renovación de la situación precaria es legal y conveniente para Mar Chiquita, el municipio tiene margen para despejar dudas mostrando contratos, porcentajes, recaudación y destino de los fondos.

Con millones en juego, la discusión dejó de ser meramente administrativa. La principal deuda de la gestión es explicar quién gana, cuánto gana y por qué el sistema sigue funcionando bajo condiciones que continúan generando cuestionamientos.