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Empresas advierten que el Gobierno descarga sobre los micros el costo total de los pasajes gratuitos

Las compañías ya no recibirán compensaciones económicas del Estado por trasladar a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer.

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Empresas advierten que el Gobierno descarga sobre los micros el costo total de los pasajes gratuitos
Javier Milei quedó en el centro de las críticas tras la eliminación de los pagos estatales al sistema de gratuidad.
27 de mayo de 2026, 17:05 hs27/5/2026 17:05 hs · 2 min de lectura

El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado les pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

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La medida quedó oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte. Según se aclaró en el texto oficial, el derecho a viajar gratuitamente continuará vigente y las empresas seguirán obligadas a garantizar esos boletos, aunque dejarán de recibir pagos estatales por cada pasaje otorgado bajo este sistema.

A partir de ahora, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá controlar que las compañías cumplan efectivamente con la entrega de pasajes gratuitos. El nuevo esquema implica que las empresas asumirán el costo total de esos traslados sin compensación económica del Estado nacional.

La decisión generó preocupación en sectores vinculados al transporte y organizaciones relacionadas con discapacidad, debido al impacto económico que podría representar para las compañías y a las posibles dificultades futuras para acceder a los pasajes.

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El sistema de gratuidad alcanzaba a personas con Certificado Único de Discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del INCUCAI y menores con diagnóstico oncológico. Hasta ahora, las empresas recibían reintegros estatales por esos servicios, mecanismo que quedó sin efecto con la nueva resolución.

Mientras el Gobierno sostiene que el derecho continuará garantizado, la implementación y el control del cumplimiento pasarán a ocupar un rol central para evitar conflictos con usuarios que dependen de este beneficio para tratamientos médicos, controles o traslados de larga distancia.

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