La justicia de Bahía Blanca condenó a Fiorella Damiani, consejera escolar vinculada a La Libertad Avanza, a tres años de prisión en suspenso tras comprobar que realizó una denuncia falsa por violación grupal en 2017 contra dos hombres.

La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal número 1, que consideró acreditado el delito de falso testimonio agravado. Sin embargo, la pena impuesta no implica cumplimiento efectivo en prisión, por lo que la funcionaria suspendida continuará en libertad.

La resolución generó cuestionamientos tanto de la fiscalía como de las víctimas. El fiscal Mauricio Del Cero había solicitado nueve años de prisión efectiva, al considerar la gravedad del daño causado por la denuncia.

El caso tuvo un giro decisivo cuando Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los hombres acusados, presentaron videos grabados durante el encuentro sexual que desmentían el relato de la denunciante. Según la investigación judicial, las imágenes mostraron que la relación había sido consentida y que Damiani no presentaba signos de haber sido drogada o forzada.

Durante el proceso judicial, el fiscal sostuvo que la mujer mintió en reiteradas oportunidades a lo largo de la causa. A pesar de ello, el tribunal resolvió aplicar una pena en suspenso, decisión que motivó el anuncio de una apelación ante la Cámara de Casación por parte del Ministerio Público y de la querella.

Uno de los denunciados, Joaquín Pereyra, cuestionó el fallo y sostuvo que la condena resulta insuficiente frente al impacto que tuvo la acusación en su vida personal y laboral.

El caso también tuvo derivaciones políticas. Damiani accedió en 2023 a una banca como consejera escolar por La Libertad Avanza, aunque fue suspendida de su cargo tras el avance de la causa judicial.

Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que la denunciante no recordaba con claridad lo sucedido debido al consumo de sustancias, una hipótesis que fue descartada por los peritajes médicos y las pruebas audiovisuales incorporadas al expediente.

Tras la sentencia, la fiscalía insistió en que el falso testimonio en causas de este tipo produce consecuencias graves para las personas acusadas, y confirmó que continuará el proceso judicial en instancias superiores para revisar la pena.