En Luján crecen las denuncias contra la Policía por manejos turbios y un comando inexistente

Denuncias anónimas y versiones circulantes entre vecinos y fuentes vinculadas a la seguridad municipal apuntan a una presunta red de irregularidades dentro de la Policía de Luján y áreas de la Comuna que, según los denunciantes, estaría beneficiando económicamente a mandos superiores a costa de la protección ciudadana.

Según la información recibida, personal policial habría sido obligado a cubrir lo que en la jerga interna se describe como un "servicio polar" (turnos o coberturas especiales por los cuales se recauda dinero) y a entregar la mitad de lo recaudado a sus superiores.

Además, los denunciantes afirman que no se estarían cubriendo puestos de control y garitas implementadas por el Municipio, y que recientemente se habría inaugurado un "subcomando" policial que en los hechos no funciona como tal, pero que fue exhibido públicamente para transmitir una falsa sensación de protección.

Los señalamientos mencionan puntualmente a funcionarios provinciales y locales: el comisario general Zalazar (identificado por los denunciantes como jefe de la superintendencia), el comisario Sandoval, jefe departamental, y el subcomisario Marchione, a cargo de la comisaría Primera de Luján.

Desde las fuentes hablan también de una práctica extendida los fines de semana: la asignación de móviles policiales a boliches nocturnos, algo que, aseguran, prioriza la recaudación o acuerdos con privados por sobre la patrulla de calles y la prevención en barrios.

Fuentes consultadas describen el esquema como "un circuito de beneficios" que implicaría complicidad entre jefaturas policiales y actores municipales, aunque no aportaron pruebas documentales en el origen de la denuncia que fueron entregadas a este medio.

Por ese motivo, las afirmaciones circulan por la ciudad como denuncias públicas y anónimas pero sin una presentación formal ante la justicia conocida hasta el momento.

Las imputaciones que se reproducen en esta nota constituyen denuncias y, como tales, requieren verificación. Este medio pone en conocimiento de sus lectores que no ha comprobado judicialmente las acusaciones ni dispone de pruebas que las confirmen.

Corresponde a las autoridades competentes (fiscalías, la Auditoría o Asuntos Internos de la Policía provincial, y el Municipio) investigar los hechos para establecer responsabilidades y, en su caso, tomar las medidas disciplinarias o penales pertinentes.

Las irregularidades denunciadas, de confirmarse, afectarían no sólo la confianza pública en la fuerza sino también la seguridad cotidiana de los vecinos de Luján, que según quienes difunden las quejas, se ven "llevados a la buenaaventura de la delincuencia" por la falta de presencia y control efectivo en la vía pública.

Este espacio ofrece a las autoridades mencionadas la posibilidad de dar su versión. Ante la ausencia de una respuesta oficial en el momento de la publicación, la nota se limita a reproducir las denuncias recibidas y a instar a que se aporten pruebas y se inicien las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se aconseja a los vecinos que cuenten con datos concretos (documentación, grabaciones, o testigos identificables) a formalizar la denuncia ante la Fiscalía local o la dependencia de Asuntos Internos para que los órganos competentes puedan actuar.