En Mar del Plata quedó expuesta una estructura estatal paralizada durante casi diez años

El proyecto de la Terminal de Cruceros de Mar del Plata volvió a quedar en el centro de la escena luego de que un fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires revelara una situación institucional llamativa. Según la resolución, el Consorcio Público Escollera Norte permaneció durante años sin actividad operativa, sin autoridades designadas y sin personal, hasta su disolución formal en 2024.

El organismo había sido creado en 2010 a partir de un acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y la Armada Argentina para administrar un sector estratégico de la Escollera Norte. La iniciativa contemplaba el desarrollo de una terminal para cruceros, espacios recreativos y un corredor turístico, aunque ninguno de esos objetivos logró concretarse.

De acuerdo con la documentación analizada por el Tribunal, la imposibilidad de realizar tareas de dragado en el sector impidió la llegada de cruceros y condicionó el desarrollo del proyecto. En la práctica, el ente se limitó durante años a realizar tareas de mantenimiento, afrontar pagos vinculados al uso del predio y gestionar cuestiones administrativas.

La situación se profundizó a partir de 2015. Ese año renunció la máxima autoridad del organismo y, según consta en el expediente, no se designaron nuevas autoridades para normalizar su funcionamiento. Como consecuencia, entre 2016 y 2023 el Consorcio careció de conducción formal y tampoco contó con personal en relación de dependencia.

Uno de los puntos más relevantes del fallo señala que el propio Tribunal de Cuentas dejó asentado que no pudo desarrollar tareas ordinarias de auditoría debido a la ausencia de actividad, responsables institucionales y estructura administrativa. A pesar de ello, el organismo resolvió dar por concluidas las tareas de control correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2016 y 2024.

La resolución también expone irregularidades contables. Los libros obligatorios del organismo registraban sus últimos movimientos en 2014 y, aunque existían registraciones posteriores correspondientes a 2015, nunca fueron incorporadas a los libros legales exigidos. Además, los estados contables de ese período no pudieron ser aprobados por la inexistencia de autoridades competentes para hacerlo.

Al cierre de 2015, la documentación reflejaba un activo superior a los 23 millones de pesos, un pasivo de poco más de 500 mil pesos y un patrimonio neto cercano a los 23 millones. Sin embargo, el expediente no brinda detalles sobre la evolución posterior de esos bienes durante los años en que el ente permaneció prácticamente paralizado.

La disolución formal llegó mediante el decreto provincial 465/2024, que transfirió derechos, obligaciones y responsabilidades al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. La medida buscó reorganizar la utilización de la Escollera Norte y adaptar el espacio a las necesidades operativas actuales del puerto.