Entrega de útiles en General Rodríguez genera denuncia por presunta propaganda partidaria
El planteo cuestiona que elementos adquiridos con dinero estatal contengan un corazón y la frase “Me Gusta”, señalados como identificación política.
El intendente de General Rodríguez, Mauro García, quedó en el centro de una denuncia que lo acusa de utilizar fondos públicos para distribuir propaganda política dentro de kits escolares entregados a estudiantes del distrito.
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La presentación sostiene que el municipio financió la compra de los útiles con recursos estatales, pero que los elementos fueron impresos con símbolos y frases vinculadas a la identidad partidaria del oficialismo local.
Según la denuncia, en los kits aparece un dibujo de un corazón junto a la frase “Me Gusta”, una referencia que, de acuerdo con el planteo, no corresponde a una identificación institucional del municipio sino a un slogan político asociado al espacio que gobierna el distrito.
El cuestionamiento apunta a que los materiales fueron adquiridos con dinero público, lo que convertiría la acción en un uso indebido de recursos del Estado para posicionamiento partidario.
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Quienes impulsan la denuncia remarcan que la única identificación oficial del municipio debería ser su escudo o su bandera, sin consignas ni símbolos vinculados a sectores políticos.
La crítica también pone el foco en el rol del Estado municipal. Según el planteo, la entrega de kits escolares no forma parte de las funciones esenciales de la administración local, que debería priorizar otras responsabilidades vinculadas a servicios y gestión pública.
En ese marco, se solicitó que se abra un sumario administrativo para investigar el caso y que se adopten medidas preventivas mientras avanza el proceso.
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Entre los pedidos presentados figura un embargo preventivo contra Mauro García por un monto equivalente al gasto realizado, más un 50 por ciento adicional para cubrir costos y eventuales sanciones.
El planteo también solicita que cualquier gasto de este tipo sea supervisado por las autoridades de control correspondientes, con el objetivo de evitar que recursos públicos vuelvan a utilizarse para fines políticos.
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