FOPEA advirtió que una sentencia en Chaco sienta un precedente riesgoso para el ejercicio periodístico

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por la condena judicial dictada contra Carlos Prette, director del portal InfoQom, en el marco de una acción de amparo tramitada en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. El fallo ordenó la eliminación de varias publicaciones periodísticas y el pago de casi 2 millones de pesos en concepto de costas, una decisión que generó alarma en el ámbito periodístico.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial número 2 de Resistencia, a cargo de la jueza Ana Mariela Kassor, quien hizo lugar al amparo presentado por el concejal Javier Dumrauf. Según el fallo, las publicaciones cuestionadas habrían vulnerado derechos personalísimos del funcionario, como el honor, la intimidad y la imagen.

En la sentencia se sostuvo que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que la prensa no está exenta de responsabilidad cuando afecta derechos protegidos por la ley.

En ese sentido, la magistrada consideró ilegítima la utilización no consentida de la imagen del concejal y afirmó que la combinación de fotografías con comentarios injuriosos profundizó la afectación a sus derechos. Por ese motivo, se ordenó a Prette eliminar en un plazo de dos días todas las publicaciones vinculadas al edil, bajo apercibimiento legal, además de afrontar las costas del proceso y los honorarios profesionales.

Desde FOPEA señalaron que la vía del amparo fue utilizada de manera indebida, pese a que la propia jueza reconoció su carácter excepcional y sin explicar por qué no se recurrió a un proceso judicial ordinario. Además, remarcaron que se trata de un conflicto que involucra a una persona pública, lo que exige un estándar más amplio de tolerancia frente a publicaciones periodísticas.

El comunicado también aclaró que el contenido publicado por InfoQom consistió en un intercambio de acusaciones entre dos mujeres vinculadas en distintos momentos con el concejal, acompañado por una fotografía del funcionario. Si bien FOPEA admitió que el medio pudo haber incurrido en una falta ética al reproducir mensajes de personas sin exposición política, sostuvo que no resulta abusiva ni ilegal la publicación de la imagen de un funcionario público.

Finalmente, el Foro cuestionó la falta de proporcionalidad del fallo, especialmente por el impacto económico que implica para un medio de recursos limitados, y advirtió que este tipo de decisiones judiciales pueden sentar un precedente restrictivo para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.