Familiares de víctimas de homicidios cometidos por menores de edad calificaron como “un logro” la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre la emoción y el dolor, varios referentes de estos casos celebraron la votación, aunque también deslizaron críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei por lo que consideran una ausencia de políticas integrales en materia de seguridad y prevención.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Paola Eiroa, madre de Ezequiel Altamira —asesinado en 2015 a la salida del boliche Club Leloir—, afirmó que están “muy contentos todos” y destacó el “respeto” que, según señaló, se mantuvo durante la sesión parlamentaria. “Fue un día muy movilizante”, expresó.
Por su parte, Laura Fernández, madre de Lara Fernández, la joven de 17 años asesinada por delincuentes, sostuvo que la reforma representa “una esperanza para todos los argentinos”. “Es una herramienta que tendría que haber salido hace mucho tiempo. Quizás muchos habríamos tenido un poco más de justicia”, manifestó.
También celebró la medida Bruno Rugna, integrante del equipo legal que representa a Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas en la provincia de Santa Fe. Para el abogado, la aprobación “marca un punto de inflexión” en el sistema penal juvenil.
Sin embargo, algunos familiares aprovecharon la visibilidad del debate para cuestionar la orientación general de la política de seguridad del Gobierno nacional. Consideraron que la modificación legal, aunque necesaria, no puede ser la única respuesta frente a la violencia. En ese sentido, señalaron que la administración de Milei prioriza el discurso punitivo por sobre programas estructurales de inclusión, educación y contención social.
María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera, la niña de 9 años asesinada en Lomas de Zamora durante un intento de robo, describió el momento como “una mezcla de sentimientos”, entre la satisfacción por el avance legislativo y el dolor persistente.
En tanto, Marcos Gómez, padre de Kim Gómez, asesinada en La Plata durante un asalto, publicó una extensa carta en redes sociales donde reconoció que la ley “llega tarde” para su familia. “Ni a mí ni a vos nos va a servir, pero para muchos puede ser importante”, escribió. Al mismo tiempo, subrayó que ningún cambio será suficiente sin una transformación profunda basada en la educación y la recuperación de valores.
La reforma abre una nueva etapa en el debate sobre responsabilidad penal juvenil en Argentina. Mientras algunos sectores celebran el endurecimiento de las normas, otros advierten que la discusión recién comienza y que el desafío será articular justicia, prevención y políticas sociales en un contexto de fuerte polarización política.
