Mientras el Gobierno nacional impulsa una serie de reformas orientadas a desregular distintos sectores de la economía, comenzó a tomar fuerza un nuevo foco de conflicto: la posible derogación o flexibilización de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. La iniciativa despertó cuestionamientos de distintos sectores, que sostienen que una modificación de la norma abriría la puerta a una mayor extranjerización de tierras consideradas estratégicas para el país.

En ese contexto, fue presentado un petitorio dirigido al Honorable Senado de la Nación para solicitar que no avance con una eventual aprobación del proyecto. El documento sostiene que la reforma excede una discusión vinculada al mercado inmobiliario o a la llegada de inversiones y afirma que involucra cuestiones relacionadas con la soberanía, los recursos naturales, el federalismo, el ambiente y la planificación territorial.

El exhorto también cuestiona uno de los principales argumentos utilizados para promover cambios en la legislación. Según el texto, no existen evidencias de que la Ley de Tierras haya representado un obstáculo real para las inversiones extranjeras, ya que los límites fijados por la norma vigente nunca habrían sido alcanzados. Además, advierte que eliminar los mecanismos de control reduciría la capacidad del Estado para administrar un recurso estratégico como el territorio nacional y podría generar nuevos conflictos vinculados a los recursos hídricos, las comunidades indígenas y la planificación de futuras obras públicas.

Entre los principales cuestionamientos figura la posibilidad de que se eliminen los actuales límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Los impulsores del reclamo sostienen que esa decisión favorecería la concentración de grandes extensiones en manos de capitales internacionales y pondría en riesgo el control sobre acuíferos, fuentes de agua dulce, zonas agrícolas, áreas mineras y regiones de frontera, consideradas de valor estratégico para la seguridad nacional.

El documento también hace un llamado directo a los senadores nacionales para que suspendan el tratamiento del proyecto hasta contar con estudios independientes de impacto constitucional, federal, ambiental y territorial. Además, propone abrir un proceso de consulta con provincias, universidades, especialistas en derecho constitucional, organizaciones ambientales, representantes del sector productivo y comunidades indígenas antes de avanzar con cualquier modificación legislativa.

En paralelo, otra proclama difundida en las últimas horas plantea un rechazo absoluto a cualquier intento de modificar la legislación vigente. Allí se sostiene que la Ley 26.737 constituye una herramienta para limitar la extranjerización de tierras rurales y preservar la soberanía sobre recursos estratégicos, al tiempo que reclama al Senado rechazar cualquier iniciativa que implique su derogación o flexibilización.

La discusión promete convertirse en uno de los próximos ejes del debate político. Mientras el oficialismo sostiene que la desregulación puede favorecer la llegada de inversiones, quienes impulsan el petitorio advierten que una modificación de la Ley de Tierras podría tener consecuencias de largo plazo sobre el control del territorio y los recursos naturales del país.