Gasto polémico: más de 60 millones para mantener vehículos fuera del registro oficial

A poco más de 4 meses de las elecciones de medio término, la Gobernación bonaerense afronta un escándalo por el millonario gasto destinado al mantenimiento de ocho automotores cuya titularidad y uso oficial no han sido debidamente explicados.

El medio NOVA accedió al Expediente Electrónico EX-2025-15228939-GDEBA-DSTASGG, donde consta que la administración de Axel Kicillof desembolsó 59.987.654 pesos en "servicios de reparación y mantenimiento" para vehículos de diversas marcas y modelos que, según la propia documentación, no figuran inscriptos como unidades oficiales de ningún organismo provincial.

Los datos administrativos revelan que, en muchos casos, el costo de las reparaciones alcanzó hasta el 50 por ciento del valor fiscal de los rodados, e incluso lo superó en algunas intervenciones. Este desmedido erario despertó suspicacias sobre un posible uso clientelar de fondos públicos, situado en el contexto de la próxima contienda legislativa.

La firma beneficiaria es el Taller DC – D’Elio Competición, propiedad de Eva Lascano, con domicilio en calle 135 al 290 de La Plata. Según el expediente, este proveedor fue el único adjudicatario de los trabajos, lo que agrava las dudas sobre la transparencia y la competitividad del proceso de contratación.

¿Por qué estos vehículos?

• Origen desconocido: ningún organismo provincial los utiliza oficialmente.
• Costos desproporcionados: el gasto en reparaciones resulta excesivo en relación al valor de mercado que figura en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA).
• Falta de licitaciones abiertas: todo el servicio se canalizó a través de un único taller, sin concursos de precios ni bases públicas.

La rendición de cuentas de la Gobernación, adolece de explicaciones sobre la necesidad de mantener esas unidades ni sobre quiénes eran sus conductores o fines de uso. Tampoco se detalla el kilometraje, antigüedad o estado previo de los nueve vehículos (seis autos y dos camionetas) que habrían demandado las intervenciones.

La oposición y sectores críticos al oficialismo provincial reclamaron la intervención de la Auditoría General de la Provincia (AGP) y la Fiscalía de Estado para indagar posibles delitos de malversación de fondos públicos. Legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) ya anunciaron que presentarán pedidos de informes y convocarán a funcionarios responsables de la Tesorería provincial.

Desde el Ejecutivo respondieron que los gastos corresponden a tareas de “puesta en valor” de unidades que se emplean en "tareas de seguridad y logística", aunque no detallaron a qué dependencias pertenecen ni cuál fue el procedimiento de adjudicación.

Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos a la gestión de Kicillof en materia de transparencia presupuestaria, justo cuando su espacio político busca retener bancas en la Legislatura bonaerense en las elecciones de octubre.

Con un escenario polarizado a nivel nacional, este tipo de denuncias cobra especial relevancia en la disputa por la confianza del votante y en la narrativa sobre el uso responsable de los recursos públicos.