La huelga general convocada este jueves contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei registró, según fuentes sindicales, un acatamiento “importantísimo”, con especial impacto en el transporte público y en sectores estratégicos de la economía. La medida coincidió con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados.

La reforma, cuestionada por la CGT como “regresiva y anticonstitucional”, contempla la reducción de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral a 12 horas y nuevas limitaciones al derecho a huelga, entre otros cambios. El Gobierno, en cambio, sostiene que la iniciativa apunta a reducir la informalidad —que supera el 40% del mercado laboral— y a fomentar la creación de empleo mediante una baja en las cargas patronales.

El tratamiento legislativo comenzó poco después de las 14:00, mientras sindicatos y organizaciones de izquierda se concentraban frente al Congreso, que permaneció vallado por la policía. En distintos accesos a la capital se registraron cortes parciales de tránsito.

Desde la central obrera, Jorge Sola afirmó que la medida tuvo “niveles de acatamiento como nunca sucedieron en este gobierno”. Sin embargo, algunas líneas de colectivos operaron con servicios reducidos y varios comercios abrieron con funcionamiento limitado y escasa clientela.

En el transporte aéreo, la estatal Aerolíneas Argentinas reprogramó 255 vuelos, afectando a unos 31.000 pasajeros. El aeropuerto metropolitano mostró una actividad mínima, con el hall casi vacío y aeronaves en pista sin operar con normalidad.

También se sumaron trabajadores portuarios, que paralizaron embarques en terminales como la de Rosario, uno de los principales nodos agroexportadores del país. En el microcentro porteño, bancos y financieras permanecieron cerrados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó la huelga como “extorsiva” y acusó a los sindicalistas de perjudicar a los trabajadores. En paralelo, el oficialismo eliminó un artículo que reducía a la mitad el salario durante períodos de enfermedad, en un intento por facilitar consensos y aprobar la reforma antes del 1 de marzo, fecha en la que Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso.

La protesta se da en un contexto de retracción industrial. Según datos sindicales, en los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron unos 300.000 puestos de trabajo. Esta semana, la fabricante de neumáticos Fate anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores, atribuyendo la decisión a la caída de la competitividad tras la apertura de importaciones.

El martes, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado advirtiendo a la prensa sobre el “riesgo” de cubrir las protestas y anticipó que las fuerzas actuarán ante eventuales hechos de violencia. La semana pasada, durante el debate en el Senado, una manifestación fue reprimida por la policía.

La jornada volvió a exponer la fractura entre el Ejecutivo y el movimiento sindical, en un momento en que el oficialismo, fortalecido tras su triunfo legislativo de octubre y con una inflación interanual del 32%, busca consolidar su agenda de reformas estructurales en la segunda mitad del mandato.