Hurlingham enterró los juzgados señalados por corrupción y dejó aislado al armador Rafael De Francesco

La reciente eliminación de los Juzgados de Faltas en Hurlingham no es solo una reforma administrativa. Es el enterramiento de un sistema que durante décadas funcionó como una caja negra del poder político local, un mecanismo de control donde las multas de tránsito no eran un instrumento de orden, sino de negociación, extorsión y enriquecimiento.

En el centro de esa estructura se encuentra Rafael De Francesco, un operador político de Sebastian Pareja que supo moverse entre el menemismo, el kirchnerismo, el randazzismo y finalmente La Libertad Avanza, reciclándose en cada ciclo electoral, pero manteniendo intacta su capacidad de influir en la gestión de las sanciones viales del municipio.

De Francesco asumió como Juez de Faltas en el municipio de Hurlingham y, desde ese cargo, construyó una red de poder que trascendió las funciones jurisdiccionales que teóricamente debía ejercer. El sistema de fotomultas, conocido popularmente como "la caja de las multas", se convirtió en un botín político codiciado por cualquier espacio que aspirara a controlar el distrito.

Las infracciones de tránsito, que deberían ser un mecanismo de prevención y ordenamiento urbano, fueron transformadas en una herramienta de presión sobre comerciantes, empresas de transporte y ciudadanos comunes que, ante cualquier sanción, podían optar por pagarla o negociar una reducción, o directamente una eliminación, a cambio de algún favor político o económico.

Las denuncias sobre el funcionamiento de esta estructura son numerosas y recurrentes. Organizaciones de consumidores y comerciantes locales documentaron casos en los que conductores recibían llamadas ofreciendo "arreglar" las multas a cambio de pagos que oscilaban entre porcentajes de la sanción y montos fijos establecidos según la gravedad de la infracción.

La práctica, conocida como "borramultas" o "sacamultas", se mantuvo activa durante años gracias a la complicidad de funcionarios que dependían del aparato del Juzgado y que encontraban en ese mecanismo una fuente adicional de ingresos por fuera de sus salarios oficiales.

La investigación judicial que alcanzó a los juzgados de faltas bonaerenses reveló la magnitud del problema. Los allanamientos a empresas del sector, particularmente a CECAITRA, la cámara empresarial que nuclea a los controladores de tránsito, dejaron al descubierto una trama de corrupción que involucraba a funcionarios provinciales y municipales.

Renunciaron funcionarios, se iniciaron causas penales y el sistema quedó bajo sospecha. Pero en Hurlingham, De Francesco logró sortear esa tormenta, manteniendo su posición gracias a acuerdos con sectores del macrismo local que lo veían como un operador útil para controlar esa estructura política.

Tiempo después se sumó a la alianza "La Libertad Avanza", negociando con Sebastian Pareja y poniendo a disposición su estructura política para financiar la campaña de 2023. Así logró ascender como uno de los armadores de la Primera Sección Electoral.

Más allá de las coimas vinculadas a las multas, las denuncias contra el ex Juez de Faltas incluyen irregularidades administrativas de gran magnitud. Los informes de auditoría mencionan falta de trazabilidad en los expedientes, causas que permanecían años sin resolución, demoras injustificadas en la notificación de sentencias y un trato brutal hacia los ciudadanos que recurrían al organismo.

Comerciantes del distrito relataron a medios locales situaciones en las que eran citados por De Francesco en el Juzgado para "negociar" cuestiones que nada tenían que ver con infracciones de tránsito, sino con conflictos comerciales o negocios en los que el operador político quería intervenir.

El acomodo de familiares en cargos públicos es otra de las prácticas atribuidas a De Francesco. Parientes directos ocuparon funciones dentro del organismo, configurando una estructura donde la meritocracia brillaba por su ausencia y en la que la lealtad política era el único requisito para acceder a un puesto.

Esa red familiar le permitió al operador mantener el control sobre información sensible del sistema y garantizar que ninguna denuncia prosperara internamente.

La declaración pública que el propio De Francesco realizó en octubre de 2024 resulta reveladora. En medio de una pulseada política con el Ejecutivo municipal, el entonces Juez de Faltas afirmó que desde el gobierno de Damián Selci pretendían "quedarse con la caja de las multas", reconociendo implícitamente que ese era precisamente el poder que él ejercía.

La frase, que debería haber motivado una investigación inmediata por conflicto de intereses, pasó inadvertida para los organismos de control y solo volvió a ser recordada cuando, en septiembre de 2025, el Concejo Deliberante votó la eliminación del organismo.

La aprobación de la eliminación de los dos Juzgados de Faltas por parte del cuerpo legislativo, con mayoría del espacio de La Cámpora que gobierna el municipio, marcó el fin de una era. Los argumentos esgrimidos hablaban de "transparencia", "control" y "fin de una caja espuria".

Pero más allá de las palabras, lo que se conmemora es el derrumbe de un sistema que permitió a operadores políticos como De Francesco funcionar durante años como un feudo personal, donde el derecho de los ciudadanos a un debido proceso era vulnerado sistemáticamente y donde la corrupción se naturalizó hasta convertirse en una práctica habitual.

Lo más preocupante es que De Francesco no fue defendido por sus propios compañeros de La Libertad Avanza. Los concejales del espacio libertario guardaron silencio durante la votación, abandonando a quien durante años fue el referente local del partido de Javier Milei y hoy está señalado por corrupción. Ese silencio revela que, incluso dentro del espacio, reconocen que el operador político había cruzado límites que ya no podían ser defendidos públicamente.

La transformación del sistema de multas en un organismo dependiente del Ejecutivo municipal abre una nueva etapa. Pero las lecciones del episodio De Francesco no pueden olvidarse.

La concentración de poder en un solo funcionario, la ausencia de controles externos efectivos y la complicidad de los distintos espacios políticos que se turnaron en el gobierno municipal permitieron que una estructura de corrupción se mantuviera intacta durante décadas.

El desafío ahora es construir mecanismos que impidan que una nueva figura acumule el mismo poder y que la transparencia deje de ser una promesa electoral para convertirse en una práctica cotidiana.